"No tengo dónde ir". Era el grito desesperado de Miriam, de 59 años, que a las diez de la mañana debía abandonar su casa en Puerta del Ángel. El juzgado había dado la orden de desahucio, tras denegarle una moratoria, solicitada por la pandemia. La única solución que le daban era ir a un albergue. Llegaba la hora, con momentos de tensión, pero a las 11:00 de la mañana se conocía que finalmente el desahucio se había paralizado.
Medio centenar de personas y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habían acudido a la puerta de la vivienda en apoyo de Miriam y su hija a la hora en que estaba previsto la ejecución del desahucio por parte de la comisión judicial.
Tras tensos momentos de espera, en que se les permitió acceder a la vivienda a dos miembros de la comisión judicial para hablar con Mirian se conocía la noticia. El juzgado le concedía un mes de prórroga más a Miriam antes de ejecutar el desahucio.
"Gracias, gracias a todos", decía Miriam tras conocer la noticia y señalaba que su intención era pelear "para poder tener un "alquiler social".
Firmó la hipoteca en 2006, pero en 2013 se complicó su situación económica y no pudo hacer frente a las mensualidades. "77.000 euros pagados durante 7 años y ahora quieren echarme a la calle", dice a Buenos Días Madrid.
Miriam trabaja a media jornada en una empresa de ayuda a domicilio y cuidado de mayores y cobra 850 euros al mes, con los que no puede hacer frente la mensualidad de la hipoteca, que asciende a 780 euros.
Ahora, el juzgado número 32 ha dado la orden definitiva de desahucio. Intentó -dice- de entregar el piso al banco o que le facilitasen un alquiler social, pero e todo s lo han denegado. "Me voy a la calle".
