Cientos de personas convocadas por asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal han reclamado este martes ante el Congreso de los Diputados una solución definitiva para el abuso de la temporalidad y la recuperación del personal cesado.
Con carteles y gritos de "¡Fijeza ya!" cerca de medio millar de personas han acudido a la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, las asociaciones ANSITI, PILTEX y AICAFP, y los sindicatos FETAP-CGT, Co.bas, STEPA, STEM, y SAP-CGT.
El presidente de la asociación nacional de secretarios, interventores y tesoreros interinos (ANSITI), Lorenzo Campillo, ha explicado a los medios durante la concentración que sus peticiones pasan porque el proyecto de ley de función pública que se tramita en el Congreso reconozca a todos los perjudicados por la temporalidad.
Ha recordado que algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas en las que reclaman ese reconocimiento y la correcta aplicación de la directiva europea relativa al trabajo de duración determinada, "que lleva 25 años sin ser traspuesta", ha dicho.
Asimismo, ha reclamado la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger que, a partir del tercer año, se decrete la fijeza del personal en abuso, así como que se readmita a todos los interinos que, estando en abuso de la temporalidad, hayan sido cesados por las administraciones publicas.
Por su parte, la diputada de Podemos Ione Belarra ha dejado claro que su grupo no apoyará la futura ley de función pública si el Gobierno no acepta reconocer la fijeza a los interinos públicos. "Son personas y necesitan una reparación justa y así lo vamos a exigir con los votos imprescindibles de Podemos", ha añadido.
Pendientes del informe del Abogado General de la UE
Este mismo martes, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo aborda, para dictar sentencia, varios recursos de casación en relación a la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad del empleo público.
Además, el próximo 9 de octubre el Abogado General de la Unión Europea emita un Informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español, que será decisivo para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad de las administraciones públicas en España.
El TJUE ya ha dictaminado en varias ocasiones que en España no se está aplicando correctamente la directiva europea relativa al trabajo de duración determinada, que establece que se deben "prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instó en febrero del año pasado a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los denominados indefinidos no fijos.
Meses después, en junio, una nueva sentencia del TJUE avaló también convertir a los interinos públicos en fijos como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales, al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos no son otra cosa que empleados temporales.
Por su parte, el Tribunal Supremo español ha reiterado en varias sentencias que el ordenamiento jurídico del país no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley.
El alto tribunal español explica que no se opone a la directiva europea aplicable ni a los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y señala que quien haya sido objeto de nombramientos temporales abusivos, si acredita haber sufrido perjuicios por esa causa, tendrá derecho a ser indemnizado.
Pero el Derecho español, recuerda el Supremo, "no permite convertir al personal temporal de la Administración en funcionario de carrera o personal fijo de la misma equiparable sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente para acceder a esa condición".
Lo cierto es que la posición que tome el jueves el Abogado General de la UE podría dar lugar a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea.
En el quinto desembolso del fondo de recuperación, España percibió 23.000 millones de euros, al ser descontados, entre otras cosas, 627 millones al considerar la Comisión Europea (CE) "insuficientes" las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el Sector Público.
