El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión este lunes tras el anuncio de la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se le condenaba a una inhabilitación de dos años de su cargo.
"La carta es la consecuencia lógica de la sentencia dictada, una vez que conocemos la anticipación del fallo donde se establece la inhabilitación del fiscal general, era cuestión de días y de formas", ha explicado Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ribón, que declaró como testigo en el juicio contra García Ortiz, siempre ha defendido que el fiscal, una vez imputado, tenía que dimitir para no perjudicar a la Fiscalía.
"Cuánto antes se produzca la normalización de la Institución, antes se reestablecerá la confianza en uno de los pilares básicos que necesitamos para nuestra convivencia; hubiera sido deseable una anticipación a esa renuncia pero en el momento en el que ya es conocido cuál es el sentido del fallo del Tribunal Supremo, ya era una consecuencia ineludible".
"Para el Colegio de la Abogacía de Madrid esto ha sido siempre un caso en el que lo que se ha procurado defender ha sido el secreto profesional, el derecho de defensa y, con ello, en definitiva, las garantías de todos los ciudadanos a un proceso con plenitud de confianza en el buen funcionamiento de la Justicia", ha añadido.