Crisis sin precedentes en el Tribunal Constitucional. Su presidente no acepta las renuncias presentadas esta mañana por su viceprseidente y de otros dos magistrados en las que alegaban que su mandato expiró en noviembre de 2010. Pascual Sala argumenta que la marcha del segundo del TC, Eugenio Gay, y de los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera hubiera dejado al Tribunal con el quorum mínimo para seguir tomando decisiones en un momento de gran volumen de trabajo. Se trata de los tres magistrados -dos designados a propuesta de PSOE y un tercero a instancias del PP- cuya plaza debía haberse renovado por la Cámara baja antes del pasado 7 de noviembre junto con la vacante que dejó Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008.
La ausencia de renovación y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas sería la razón aducida por los magistrados para justificar su extrema decisión, que es la primera vez que se produce en la historia de este órgano. Las dimisiones deben ser aceptadas por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, según las mismas fuentes.
Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había"desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.
Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la senencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del Constitucional, Pascual Sala.
Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrados se posicionó a favor de la suspensión de la norma.
El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.
El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los 'populares'.
Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar.
La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.
En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.
PRECARIA MAYORÍA PROGRESISTA
Estas tres renuncias dejan al Constitucional, del que hasta ahora formaban parte 11 magistrados, en una situación sin precedentes, ya que tampoco se ha cubierto la vacante dejada por Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008. No obstante, todavía se cumple el "quorum" mínimo exigido por la ley -ocho magistrados- para poder tomar decisiones.
La nueva situación deja en el Constitucional una "precaria" mayoría progresista. En el nuevo reparto de fuerzas los progresistas contarían con cinco magistrados: el presidente, Pascual Sala, Luis Ortega, Adela Asúa, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón, aunque este último se ha desmarcado de este sector en algunas decisiones polémicas, como la reciente sentencia sobre Bildu o la del Estatuto de Cataluña, en las que votó junto a los conservadores.
En el otro bloque se situarían los magistrados Francisco José Hernando, Pérez de los Cobos y Ramón Rodríguez Arribas, encuadrados en el bloque conservador.
De los tres magistrados dimisionarios, dos de ellos Eugeni Gay y Pérez Varela, votaróna favor de permitir la presencia de Bildu en las recientes elecciones municipales, mientras que Javier Delgado votó en contra.
PP y PSOE, INTREPRETACIONES DIFERENTES
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que las dimisiones en el Tribunal Constitucional ponen de manifiesto que fue una equivocación permitir que Bildu pudiera presentarse a las elecciones y ponen en evidencia la carencia de liderazgo en el Gobierno. "No tenemos hoy un liderazgo necesario en España, en el Gobierno", ha incidido Cospedal, antes de añadir que con un Gobierno que tomara decisiones no se empezaría a producir "el caos en todas las instituciones".
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, interpreta la dimisión de los tres magistrados del Tribunal Constitucional como un "llamamiento al PP" para que muestre "voluntad clara" de renovar el alto tribunal. Iglesias se ha mostrado convencido de que el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, "actuará como siempre con mucha responsabilidad y el tribunal seguirá con su trabajo" y ha aprovechado para emplazar al PP a mostrar "con claridad" su "voluntad de acuerdos" para renovar el órgano. "Llevamos así mucho tiempo y permanentemente hemos encontrado dificultades insalvables en el PP para poder renovarlo", ha remachado.
