El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha afirmado hoy que en "ningún momento el Consejo de Gobierno" que presidió "conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales" en relación al programa 31L de ayudas sociolaborales a empresas en crisis y a los ERE. Chaves, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares y en la que el PSOE no le planteó preguntas, ha defendido la legalidad del programa 31L y del procedimiento para pagar las ayudas por importe de más de 1.000 millones entre 2001 y 2010 mediante un convenio marco entre el Instituto de Fomento de Andalucía y la Consejería de Empleo, si bien ha admitido que puede tener un "amplio margen de discrecionalidad".
NO CONOCÍA EL PROCEDIMIENTO
Aunque ha admitido que no conocía el procedimiento porque no era su "competencia", ha sostenido que "no daba pie a cometer actos ilegales o punibles" porque la administración andaluza tiene un sistema de control y de filtros "más intenso" que el resto de las comunidades autónomas. Ha admitido que "alguien" ha podido hacer una utilización "abusiva del procedimiento, presuntamente abusos de confianza y actos contrarios al Derecho y punibles", por lo que ha apostillado: "Sean quienes sean, caiga todo el peso de la justicia sobre los que han podido cometer actos ilícitos".
Chaves, que ha confesado que su fuente de información del caso ERE han sido los medios de comunicación, ha precisado que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo y, por tanto, el "Gobierno no podía conocer, no tenía por qué conocer la gestión, el día a día de las distintas Consejerías", aunque ha reconocido que Empleo podría haber atendido los informes de la Intervención General que alertaban de irregularidades, pero "quizás tenía otro criterio jurídico".Ha expresado su confianza en la honradez y honestidad de todos los consejeros que le han acompañado durante los diecinueve años que ha ocupado la presidencia de la Junta, y ha apoyado la gestión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en el caso ERE, en el que "confía plenamente" y lo seguirá haciendo porque mientras no se demuestre lo contrario es "inocente".
Ha defendido las bondades del programa 31L, que respondía a una "legítima y legal acción del gobierno de la Junta" de lucha contra el desempleo, ya que ha permitido favorecer a más de 6.000 trabajadores y a cientos de empresas, y ha destacado que contaba con el aval de los empresarios y de los sindicatos y del Parlamento.
Por tanto, ha denunciado que calificar de "opaco o de fondo de reptiles es una desmesura, una falsedad y una descalificación intolerable que sólo puede derivar de una mente perversa", y ha insistido en que "casos aislados no pueden descalificar toda la política de empleo de la Junta"."Siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de andaluces con este tipo de actos, pero estos actos no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad y la honradez de toda una administración", ha apostillado.
El representante del PP Carlos Rojas incidió en las irregularidades detectadas por el informe de la Intervención, a lo que Chaves respondió que no conoció ningún informe porque "no tenía que conocerlo y no llegó al consejo" y sólo hubiera llegado en el caso de detectar menoscabo de fondos públicos o ilegalidades. La diputada de IU Lara Doblas centró sus preguntas en las "trampas con los números" que hizo la Junta para favorecer a determinadas empresas, sobre todo de la Sierra Norte de Sevilla, y lamentó que Chaves no asumiera la responsabilidad de lo que ha pasado y en que se amparara en echar la culpa a "cuatro golfos" y en la legalidad del procedimiento porque "hubo fuego, saltaron las alarmas, pero no acudieron los bomberos porque el fuego era legal".
