San Francisco se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos que prohíbe las técnicas de reconocimiento facial.
Lo hace para preservar, dicen, la intimidad de sus vecinos y sus derechos civiles. Una medida que sorprende en una de las capitales mundiales de la tecnología, sede de empresas como Twitter, Uber o Airbnb.
La Alcaldía de San Francisco (EEUU) prohíbe a todas las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero que criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.
A la ciudad californiana podría seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el Estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también estudia la cuestión. "Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella", explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que "se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial".
La medida fue aprobada en el pleno del consistorio con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.
Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.
En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EE.UU. (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.
