El Fiscal mantiene 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación a Chaves

El Fiscal mantiene 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación a Chaves

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación en el juicio de los ERE, y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación. La Fiscalía ha expuesto hoy sus conclusiones definitivas, en las que confirma su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE por crear o sostener un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2010 la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.

Ha retirado su acusación de prevaricación contra el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa, para el que inicialmente pedía 10 años de inhabilitación.

Así, el Ministerio Público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, así como para la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina y el exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete para los que inicialmente solicitaba 8 años.

Por los mismos delitos pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez.

NO HICIERON NADA PARA LOGRAR EL REINTEGRO DE LOS FONDOS Y PERMITIERON QUE SE PERPETUARA

Todos ellos, según las conclusiones definitivas del Ministerio Público, "no sólo no hicieron nada para iniciar el procedimiento de reintegro" de las ayudas a partir de los reiterados informes de la Intervención alertando de irregularidades "sino que posibilitaron que año a año se siguiera reproduciendo" el mecanismo de concesión y pago de las ayudas mediante el uso "inadecuado" de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IDEA para pagar las ayudas a través de ésta.

Con ello, mantiene el Ministerio Público, se "soslayó" la fiscalización previa del interventor delegado de la Consejería de Empleo permitiendo que la Dirección General de Trabajo diera las subvenciones "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", como indicó el interventor general de la Junta en un informe adicional al de control financiero permanente de IDEA de 2003.

Dicho informe fue remitido en 2005 al entonces director de IDEA Miguel Ángel Serrano, el consejero de Innovación Francisco Vallejo -del que dependía IDEA desde 2004- y "al consejero de Hacienda José Antonio Griñán a través de su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo", así como "adicionalmente" al consejero de Empleo Antonio Fernández, del que dependía el ente público en el ejercicio al que se refería el informe.

PAGARON AYUDAS A "INTRUSOS"

La Fiscalía afirma que parte de las ayudas públicas beneficiaron a personas que nunca trabajaron en las empresas en cuyos ERE figuraban -los llamados "intrusos"- y que con éstas se pagaron "fines distintos" a su objeto como subidas salariales, 16 ferias de muestras municipales o un protocolo de cesión de instalaciones para el 112, un desvío que "es objeto de otras diligencias separadas".

La falta de publicidad de las ayudas impidió que muchos trabajadores prejubilados y empresas en crisis pudieran acceder a ellas y en la tramitación de las mismas participaron mediadoras y conseguidores que recibieron por ello comisiones por encima del mercado.

Mientras en su escrito provisional la Fiscalía cifraba esas sobrecomisiones en 66 millones, en el definitivo no concreta la cuantía, al ser también un aspecto investigado en una pieza separada del caso.

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