El gobierno de Sánchez aprobará el martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Una medida que afectaría a unos 12 millones de trabajadores del sector privado. Y que llega con más de un año de retraso y con sólo el respaldo de los sindicatos, sin contar con los empresarios. El coste adicional de esta medida supone para las empresas asciende a 24.000 mil millones de euros.
“Esto puede ser una auténtica bomba de relojería para el sector turístico, donde los márgenes ya son muy ajustados”, señala Ramón Estalella, secretario general de CEHAT. La patronal advierte que las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, podrían enfrentar serias dificultades para adaptarse. Según estimaciones, la reducción de la jornada podría costar casi 5.300 euros más al año a cada microempresa.
El proyecto también incluye un registro horario digital obligatorio y sanciones más severas para las empresas que no cumplan, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.
Reducir la jornada sin ayudas ni compensaciones suena bien sobre el papel. Pero en la práctica podría acabar costando más empleos de los que pretende crear.