Visto para sentencia el juicio contra el Fiscal general del Estado por la filtración contra el novio de Ayuso

El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha quedado visto para sentencia este jueves, tras una sexta y última sesión intensa donde García Ortiz ha rechazado hacer uso del turno de última palabra. Su defensa ha señalado al empresario como verdadero filtrador y las acusaciones han achacado al jefe del Ministerio Público usar a la prensa en busca de "cobertura legal" para poder imponer al empresario una "sentencia popular".

"Visto para sentencia y despejen la sala", ha dicho el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, poniendo así fin a un juicio que se ha desarrollado en seis sesiones repartidas en dos semanas en las que han comparecido más de 40 testigos, además del propio García Ortiz y de González Amador.

El juicio se ha centrado en la presunta filtración a la 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo de 2024 por parte de García Ortiz del 'email' que el 2 de febrero de ese año la defensa de González Amador envió al fiscal del caso, Julián Salto, ofreciendo que reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de evitar la cárcel.

No obstante, también se ha puesto el foco en la nota de prensa emitida a las 10:22 horas del 14 de marzo de 2024 por la Fiscalía para desmentir una información publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por 'El Mundo', donde se decía que era Salto quien habría tomado la iniciativa de llegar a un acuerdo de conformidad.

Por estos hechos, que han fluctuado a lo largo de la investigación y también del juicio, el fiscal general se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros, entre multa e indemnización.

"El fiscal general del Estado es inocente", ha fijado el abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce su defensa en su informe final, quien además ha apuntado a González Amador como el primer responsable de revelar a los medios de comunicación, en una conversación de la mañana de ese 13 de marzo con el periodista que firmó la citada pieza, la existencia de negociaciones de conformidad. "Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado", ha alegado, para remachar que los "actos propios" son "un elemento delimitador" de "cuándo un secreto pierde ese carácter".

Similar argumento ha sostenido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde que ha dicho que, "aún en la hipótesis" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera "filtrado" el correo relativo a Alberto González Amador, cuando lo tuvo en su poder, "en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios" de comunicación. Sánchez Conde ha hecho hincapié en que los periodistas de la 'Cadena SER', 'El País', 'La Sexta' y 'eldiario.es' han testificado en el juicio que sabían que la defensa de González Amador estaba negociando una conformidad con la Fiscalía.

La número 2 de la Fiscalía, ha atacado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala una "participación preeminente" de García Ortiz en la supuesta revelación basándose en las comunicaciones de aquella noche, que se han podido conocer por el móvil de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y ha justificado "el borrado" que hizo el fiscal general de sus chats de WhatsApp porque, "aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa".

Por contra, las acusaciones, encabezadas por el abogado que representa a González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, han sostenido que hay indicios suficientes y "prueba directa" de que García Ortiz fue quien filtró el 'email' del 2 de febrero. Lo facilitó a la prensa aquella noche buscando una "cobertura legal" para al día siguiente poder emitir una nota de prensa donde se decía que el empresario reconocía los delitos fiscales por los que se le investigaba.

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha denunciado la acusación particular.

Rodríguez Ramos ha aseverado que eso le convirtió también en "moneda política" bajo un "relato institucional" que ha subrayado que se ha ido apuntalando "día a día por el Gobierno". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha lamentado.

El letrado Ignacio de Luis que ejerce la acusación popular del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reivindicado la defensa del "sacro" secreto profesional, aseverando que habría hecho "exactamente lo mismo" si en vez del "novio de" fuera la "esposa de.." y ha reconocido la existencia de una "dimensión política" de la causa. "Tenemos a una política que ha hecho uso de una información privilegiada", ha manifestado el abogado del ICAM en referencia al pantallazo del email que Pilar Sánchez Acera, la entonces asesora de Moncloa envió al líder socialista madrileño Juan Lobato, para subrayar a continuación que es "fácil" inferir hacia dónde lleva este "vector".

Las demás acusaciones se han ido adhiriendo sucesivamente al alegato de sus compañeros, reiterando la responsabilidad, a su juicio, de García Ortiz como el filtrador. "No solo hay prueba indiciaria, hay prueba directa", ha aseverado el letrado de Manos Limpias, Víctor Soriano.

El abogado Fernando García-Capelo, de la Fundación Foro Libertad y Alternativa --que aglutina también a Vox y Hazte Oír--, ha añadido un elemento novedoso por cuanto ha aducido que también se le debe condenar por prevaricación por la "orden injusta" de que todos los 'emails' se le enviaran a su correo personal de Gmail.

Por su parte, Juan Antonio Frago, letrado de la acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), también ha mantenido que García Ortiz no solo habría cometido un delito de revelación de secretos, sino que también habría perpetrado un "acceso ilegítimo" al correo "reservado" entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto. "Toda la prueba apunta a que el fiscal general lo pidió porque era el fiscal general", ha dicho, para luego manifestar que dicha actuación --en su opinión-- no encajaría en la dación de cuentas que contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).