Lesmes exige salir del “escenario de la lucha partidista” en la renovación del Poder Judicial
- Advierte de que no renovar el Consejo General del Poder Judicial conduce “inexorablemente al debilitamiento” de la independencia judicial
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, advirtió este lunes en la Apertura del Año Judicial presidida por el rey Felipe VI que no renovar la composición del órgano de gobierno de los jueces “conduce, inexorablemente, al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial”. “Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.
Gobierno y oposición llevan casi tres años sin ser capaces de ponerse de acuerdo para la renovación.
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El CGPJ ha recordado hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado la necesidad de abordar la renovación, aunque “ningún de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo que presido”.
Lesmes denunció que esta situación se ha visto agravada por la reciente reforma que llevó a cabo el Gobierno en la Ley Orgánica y que establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones para limitar su capacidad de hacer nombramientos. Lesmes explicó que ni el Consejo ni las asociaciones de jueces fueron escuchadas antes de aprobar estas modificaciones.
El retraso en la renovación del CGPJ “conducen, inexorablemente, al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial”. Por ello, exigió a las fuerzas políticas que aparquen su rivalidad y aborden una renovación que acumula ya un retraso de más de año y medio con “patriotismo constitucional y generosidad”.
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La situación, añadió, “resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.
Durante los últimos seis meses, explicó el presidente del CGPJ, el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad. Recordó Lesmes que ya son 11 las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados. Esta situación se produce, además, “en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado -entre otras circunstancias- por los devastadores efectos de la pandemia”.
Reprocha que Sánchez llegase a hablar de revancha para justificar los indultos a los condenados del procés
Dentro del marco del análisis de la independencia judicial, Carlos Lesmes se refirió a la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’ y afirmó que “la justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para la paz”.
En el acto que se celebró bajo la presidencia del rey Felipe VI, Lesmes hizo una encendida reivindicación de la independencia judicial y se apoyó para ilustrarla como ejemplo con lo ocurrido recientemente en relación con el ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado dirigentes políticos condenados por el Tribunal Supremo.
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Durante este proceso, dijo, “se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”. “Nada más alejado de la realidad”, aseguró el presidente del Supremo. “La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”.Por ello, reivindicó la labor de todos los jueces españoles, y “muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento”.
Dolores Delgado pide no convertir a la Justicia en "campo de batalla política"
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha pedido no convertir ese poder del Estado en "campo de batalla política". Delgado ha hecho este llamamiento en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, donde ha subrayado también la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto Fiscal, que cumple cuarenta años, para dotar de mayor autonomía a la institución.
Sin referirse expresamente al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente, Carlos Lesmes, se sentaba a su lado, Delgado ha señalado que, más allá de las "tensiones propias" y de los "necesarios ajustes" para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no puede convertirse en campo de batalla político y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad".
Ha recordado que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, emanan del pueblo, que es "su verdadero titular", por lo quienes conforman esas instituciones son "meros administradores de esos poderes" y deben garantizar su separación, pero trabajando también en "armonía" con el resto.
La fiscal general ha presentado un resumen de la memoria de la institución centrada en el año de la pandemia, cuando se incoaron 1.840.128 causas, un descenso significativo respecto a 2019 por la suspensión de los plazos procesales durante casi un trimestre.
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Como en ejercicios anteriores, el mayor número de diligencias previas incoadas fue por delitos contra la vida y la integridad (29 %), por delante de los delitos contra el patrimonio, que se mantienen estable y representan el 20%.
