Las comunidades autónomas afean al Ejecutivo que no haya desarrollado con ellas la norma para la concesión de ayudas a los enfermos con ELA.
Denuncian que se han enterado por el BOE de los planes del Gobierno, como la creación del grado de dependencia extrema, que obliga a corregir su sistema de prestaciones, ralentizando así la llegada de las ayudas, aseguran.
La Comunidad de Madrid ve además inconcreciones en el real decreto que pueden fomentar la desigualdad.
Las organizaciones de pacientes han urgido a las comunidades a aplicar la Ley ELA de manera urgente y equitativa. Celebran además que el nuevo marco de la Ley ELA y el RD 969/2025 eliminen el límite extremo de esperanza de vida y "recuperen el espíritu original de la norma", permitiendo acompañar a las personas a lo largo de todo el proceso y adaptar los apoyos según sus necesidades reales.
La ley no establece un listado cerrado de enfermedades, sino que ampara todas aquellas que cumplan criterios clínicos.
Por ello, instan a las autonomías a adaptar la intensidad de los apoyos al estado funcional de cada caso, evitando decisiones basadas en la evolución típica de una sola enfermedad o en umbrales tardíos como la ventilación o la traqueostomía.
Las organizaciones esperan que no se contemple la idea de establecer copagos y subrayan que la existencia de tratamientos no debe implicar exclusión de las ayudas, ya que "mayoría no revierte la enfermedad ni reduce la dependencia", y apelan a aplicar los criterios clínicos con "realismo, equidad y sensibilidad médica".
Por último, las organizaciones esperan que los servicios de Neurología se guíen en sus valoraciones por un enfoque clínico amplio, tal y como recoge la ley.
En especial, reclaman que el criterio de empeoramiento se interprete con "sensibilidad y en su contexto clínico", entendiendo que en fases avanzadas esperar un deterioro adicional puede significar llegar tarde.