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La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha alegado que es víctima de una "presunción de indecencia", descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor, en la vista que se ha celebrado este martes en el Tribunal Supremo (TS) para estudiar el recurso de apelación donde pide revocar su ingreso en prisión provisional, acordado por la presunta trama de amaño de obras del 'caso Koldo'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la defensa ha argumentado que el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas que apreció el magistrado instructor, Leopoldo Puente, para enviarle a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 30 de junio podría haberse disipado con un registro que podría haber acordado desde que dejó de ser diputado y, por tanto, aforado, el pasado 16 de junio. Sobre esto, de acuerdo con las citadas fuentes, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo han destacado que, cuando entró en prisión, Cerdán entregó su teléfono móvil a su familia y que, desde entonces, ha estado en su vivienda.

A ello han sumado que avisaron al Tribunal Supremo de que la familia se mudaría el pasado lunes, sin que tampoco se actuara. A su juicio, --han trasladado al TS-- ha pasado tiempo suficiente para que, si se apreciaba dicho riesgo, se actuara ordenando un registro.

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La defensa incluso ha ironizado con que los investigadores deben pensar que Cerdán es "un delincuente vago", precisan las fuentes.

Así las cosas, los abogados han sostenido ante los magistrados que desconocen qué pruebas se quiere proteger --que no se pudieran haber destruido, alterado u ocultado ya-- que justifiquen la prisión provisional.

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También han refutado el argumento que dio el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, para cargar contra la declaración de Cerdán de ese mismo 30 de junio como imputado.

El fiscal afeó en su escrito que se limitó a dar una "entrevista amable" --casi un "masaje", ha señalado en la vista-- en vez de someterse a un verdadero interrogatorio, algo que la defensa ha contestado diciendo que no respondió a las preguntas de magistrado y fiscal porque éstos no quisieron. "Hemos pasado de una presunción de inocencia a una presunción de indecencia", han dicho los abogados defensores ante la Sala de Apelación, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente de la impugnación de Cerdán.

LOS AUDIOS DE KOLDO

Asimismo, han esgrimido que no se ha practicado ninguna diligencia que verifique lo reflejado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basado en las grabaciones que el ex asesor ministerial Koldo García hizo entre 2018 y 2023 de sus conversaciones con Cerdán y Ábalos.

En esa línea, han vuelto a cuestionar la validez de esos audios, enfatizando el hecho de que el propio magistrado ha accedido a su petición de que la UCO verifique que son "auténticos", así como de que se les permita tener acceso a las grabaciones recogidas en dicho informe.

Al respecto, la defensa ha puesto de manifiesto que algunos de los audios se recogieron con los teléfonos móviles seguros que, según han revelado las pesquisas de Audiencia Nacional, el guardia civil investigado Rubén Villalba entregó a Koldo.

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Los abogados han incidido en que, aunque el citado informe dibuja un cuadro general sobre esa presunta trama para adjudicación irregular de obras, hasta ahora se carece de concreción

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido finalmente no informar a la Guardia Civil sobre las visitas que reciba el exdirigente socialista Santos Cerdán en prisión, incluidas las de sus abogados, después de que el Tribunal Supremo le dijese que se atuviera a la normativa correspondiente.

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En un escrito dirigido al alto tribunal, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, traslada que "deja sin efecto el cumplimiento" que "se venía haciendo relativo a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".

El ex número tres del PSOE está investigado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, junto al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, entre otros imputados.