La UPF abre una campaña entre sus asociados para ayudar a García Ortiz a pagar la sanción económica impuesta por el Supremo

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una campaña de colaboración entre sus asociados para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena del Tribunal Supremo (TS) contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que además de dos años de inhabilitación incluye el pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha comunicado la UPF a través de una nota de prensa, en la que insiste en que la campaña es "de carácter estrictamente voluntario y solidario".

La asociación, a la que perteneció García Ortiz, ha manifestado su defensa "desde el inicio" de la inocencia del ex fiscal general. Una defensa que, ha dicho, "seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales", pues la actuación del que fuera jefe de la Fiscalía "tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal".

Por ello, la UPF ha detallado que su iniciativa "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana".

Y ha añadido que se trata "de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de derecho".

Cabe recordar que esta asociación también ha promovido una campaña de recogida de firmas para el indulto a García Ortiz, entendiendo que se trata de "una necesidad democrática". Dicha campaña ya cuenta con más de 15.000 firmas.