Nueva prórroga del escudo social: adiós a los desahucios a familias vulnerables y los cortes de suministro en 2026
- La medida se ha ido prorrogando durante los últimos seis años ha beneficiado a más de 60.000 familias
El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de cortarles los suministros de luz, agua y gas y los descuentos del bono social energético.
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que estas medidas están incluidas en el mismo real decreto ley de "escudo social" que otras como la revalorización de las pensiones y los incentivos y beneficios fiscales para pequeños autónomos y afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano.
A ese respecto, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo contará en el Congreso con la mayoría necesaria para su convalidación (previsiblemente a finales de enero), puesto que ya contaron con el voto de la mayoría en su prórroga anterior.
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"El Gobierno trabaja con ese aval para prorrogar esas medidas y seguir contando con los consensos necesarios para ello", ha dicho.
Más de 60.000 familias beneficiadas
La moratoria de los desahucios de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 por el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, para proteger a los hogares con menos recursos de la crisis económica provocada por la pandemia, y desde entonces beneficia a unas 60.000 familias.
La medida se ha ido prorrogando durante los últimos seis años, primero con motivo de la crisis derivada de la invasión de Ucrania y después vinculada a la situación de emergencia habitacional del país, con compensaciones a los propietarios afectados el pasado año, que se mantienen en el decreto ley aprobado hoy.
Esta última prórroga, que venía reclamando Podemos desde hace semanas, y también Sumar, ERC y numerosas entidades sociales, ha sido pactada por el Ejecutivo con EH Bildu, junto con la de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.
En un comunicado, entidades sociales como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC) han apelado a la "responsabilidad de los diferentes grupos políticos" para la convalidación del real decreto ley en el Congreso y han exigido al Gobierno que aproveche esta nueva prórroga para diseñar un plan de choque que asegure el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes.
Garantía de suministro de energía eléctrica
El nuevo real decreto-ley mantiene también hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5 % para los vulnerables y en el 57,5 % para los vulnerables severos.
Otras medidas que afectan al ámbito energético que se mantienen hasta que concluya 2026 son los incentivos fiscales para particulares y empresas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga eléctrica –como la deducción del 15% en el IRPF– y acometer obras de eficiencia energética o reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40 % o 60 %.
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También se establece una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas, junto a la prórroga de las ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, a las que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades que se aplican a los profesionales y empresas afectadas.
