El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas han acordado este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados, con la ausencia de Castilla y León, Aragón y Extremadura, consejerías de Vox, y la abstención de Murcia.
En concreto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha abordado la creación de un registro unificado de datos para hacer frente a las violencias contra la infancia, el reparto de los 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para atender a la infancia migrante no acompañada y el proyecto Barnahus, que atiende a niños víctimas de violencias sexuales.
Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, Cataluña, La Rioja, Murcia, Canarias, la Comunidad de Madrid y Ceuta han acudido a la convocatoria en el Ministerio de Política Territorial de manera telemática. Mientras, las comunidades restantes han participado de manera telemática, a excepción de Castilla y León, Aragón y Extremadura que no han asistido.
La ministra Sira Rego, en declaraciones a medios tras la reunión ha arremetido contra los consejeros autonómicos de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura por no acudir a la Conferencia Sectorial y ha preguntado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo si es un gesto de "absentismo laboral" o "pura vagancia y desinterés".
En cuanto a la aprobación del reparto de los 35 millones de euros, pese a matizar que el punto generó "bastante ruido" y acusar al PP de estar "copiando la agenda de políticas racistas", la ministra ha celebrado que la asignación presupuestaria fuera aprobada con el voto favorable de la práctica totalidad de las comunidades y la única abstención de Murcia.
En este contexto, Rego ha tildado de incongruente la postura de la Comunidad de Madrid al tildar de "insuficiente" la financiación asignada: "Lo que no es consistente es venir a una Conferencia Sectorial a pedir más financiación mientras se vota en contra de las medidas que aumentan la financiación autonómica", ha reprochado, recordando el rechazo del PP al techo de gasto o la quita de deuda.
Además, la titular de Infancia ha revelado que la Comunidad de Madrid "se niega sistemáticamente" a transferir los datos sobre los menores atendidos en su sistema de acogida, a pesar de que los informes reflejan "un 30% menos de niños migrantes no acompañados" en la región a lo largo del año. "Es muy difícil trabajar cuando hay comunidades autónomas que se niegan a dar la información", ha denunciado.
Por otro lado, la ministra ha destacado el "avance" en el despliegue del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, un "instrumento muy potente", con una "complejidad grande" que centralizará datos de las diferentes instituciones para dar una "imagen fiel" e intervenir en la erradicación de la violencia contra la infancia.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno de España de carecer de un plan para atender a los menores migrantes no acompañados y de aplicar medidas "absolutamente improvisadas" mediante "repartos forzosos", criticando además que la financiación acordada es "absolutamente insuficiente".
"El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político, excluyendo del reparto deliberadamente a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña", ha aseverado, tildando la gestión estatal de "caótica y absolutamente deshumanizada".
"No se me ocurre, desde luego, nada más racista que el Gobierno de España siga con esta política migratoria del caos que utiliza a las personas como paquetes".
Respecto a la asignación presupuestaria aprobada en la reunión --un total de 35 millones de euros para toda España, de los cuales a la Comunidad de Madrid le corresponden unos 3,6 millones--, Dávila ha explicado que la región ha votado a favor únicamente para no perder la financiación. Si bien, ha recalcado que son cuantías "congeladas" debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.