La Comunidad de Madrid ha reclamado a la Delegación de Gobierno, que lidera Francisco Martín, la activación "inmediata" del retorno de 110 menores no acompañados para que vuelvan con sus familias y su entorno social al considerar que es "lo más adecuado para el interés superior de los niños".
El Consejo de Gobierno conocerá este miércoles un informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre la situación de las solicitudes de repatriación dirigidas al Ejecutivo central.
Además, la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, remitirá un escrito a Martín para recordarle los 110 expedientes "pendientes de activar" correspondientes a procedimientos de reunificación familiar.
También le pedirá que "cumpla con las obligaciones legales atribuidas a la Administración General del Estado", según han avanzado fuentes de la Consejería.
Desde el Ejecutivo autonómico han recalcado que en el caso de que persista "la inactividad o una negativa injustificada" por parte de la Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere "oportunas".
La Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, órgano técnico encargado de adoptar las medidas de protección de los menores, considera que el retorno con sus familias y entorno social es "lo más adecuado" para el interés superior de los niños, al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y de su normativa de desarrollo.
Hasta la fecha, "no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación por parte de la Delegación".
La Consejería ha cargado contra la "inacción" del Gobierno central ya que de los 110 menores afectados, 40 hayan alcanzado ya la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún trámite.
16 DENUNCIAS CONTRA "FALSOS MENORES"
Por otro lado, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha presentado un total de 16 denuncias contra "falsos menores" por un presunto delito de estafa agravada, al haberse beneficiado "indebidamente de recursos públicos de protección".
Fue a principios de marzo cuando Dávila anunció en la Asamblea de Madrid que el Gobierno autonómico ya había denunciado ante la Fiscalía a seis "falsos menores" migrantes no acompañados hasta la fecha por "fraude de ley".
Unas semanas más tarde, agentes de la Policía Nacional detenían a los tres personas que habían asegurado ser menores de edad al llegar a sus centros de acogida.
Al constatar que ya eran adultos, la Comunidad los denunció por estafa agraviada y por infringir la Ley de Extranjería.
Desde 2025, el Ejecutivo autonómico ya había detectado casos en los que algunos adultos que se habían hecho pasar "deliberadamente" por menores no acompañados.
"Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar.
Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", apuntó la consejera.