Los contratos firmados recientemente entre España y la empresa tecnológica china Huawei han encendido las alarmas en la Unión Europea, que lleva más de dos años advirtiendo sobre los riesgos de trabajar con este proveedor.
A pesar de las advertencias, el Ministerio del Interior ha suscrito un acuerdo valorado en 12 millones de euros con la compañía para el almacenamiento de grabaciones judiciales y el suministro de servidores.
La Comisión Europea insiste en que Huawei representa un riesgo mucho mayor que otros proveedores de infraestructuras móviles, y ha vuelto a pedir su exclusión de las redes 5G europeas.
“La falta de acción rápida expone a la UE a un riesgo claro”, advirtió esta semana un portavoz comunitario, recordando que ya en 2023 se alertó sobre la amenaza que suponía contar con proveedores chinos en sistemas estratégicos.
Varios países europeos como Alemania, Suecia, Reino Unido y Portugal ya han prohibido contratos con Huawei.
Sin embargo, España se mantiene al margen de esta postura común, argumentando que el reciente contrato no implica un riesgo de fuga de información hacia China.
Estas explicaciones no convencen a Bruselas, que mantiene una postura firme contra el gigante asiático, especialmente en un momento de crecientes tensiones comerciales.
Desde Washington, también crecen las preocupaciones. Legisladores estadounidenses han instado al expresidente Donald Trump a revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y España, argumentando que Huawei tiene vínculos estrechos con el Partido Comunista Chino.
Mientras tanto, el debate sobre la soberanía tecnológica y la seguridad de los datos en Europa vuelve a ocupar un lugar central, con España en el punto de mira por su controvertida decisión.