El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, imputado junto a Leire Díez guarda silencio en el Senado
- El PP le reprocha su abultado patrimonio inmobiliario y UPN su relación con la empresa Servinabar
El expresidente de la SEPI Vicente Fernández se negó a declarar en la comisión de investigación del Senado que investiga la gestión de este ente público en los últimos años y aclarar si él, Leire Díez y Antxon Alonso cobraron comisiones por la asignación de préstamos desde este organismo oficial.
Fernández comunicó su intención de no declarar poco después de iniciar su interrogatorio el senador del PP Gerardo Camps.
En ese momento, Fernández dijo que no iba a declarar en ejercicio de sus "derechos constitucionales" y "como consecuencia de las circunstancias específicas del procedimiento judicial en que me encuentro implicado, en el cual se nos ha ordenado guardar secreto de todas las actuaciones que ahí se deliberan"."Sintiéndolo mucho, con absoluto respeto a la posición institucional del Senado, de esta Cámara, de esta comisión y de todos ustedes, no puedo y no debo contestar las preguntas que me formulen", afirmó.
La causa judicial a la que se refería el compareciente la instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dio orden en diciembre pasado de detener a Fernández, a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario vasco Antxon Alonso.
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Se les acusa de participar en un entramado de adjudicaciones públicas irregulares desde la SEPI. El procedimiento, que está bajo secreto de sumario, apunta a presuntas irregularidades en préstamos valorados en unos 132 millones de euros. Según la hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción, los detenidos habrían utilizado sus contactos institucionales para beneficiar a determinadas mercantiles, recibiendo a cambio comisiones que rondarían los 750.000 euros.
El compareciente este jueves en el Senado presidió la SEPI de junio de 2018 hasta octubre de 2019, cuando abandonó esta responsabilidad al verse implicado en el proceso por la presunta manipulación del concurso de la mina de Aznalcóllar. La Audiencia Provincial de Sevilla lo exoneró de todos los cargos el 5 de diciembre de 2025. Apenas una semana después, los agentes de la UCO desarrollaron la operación en el que también se investiga a Leire Díez y Antxon Alonso.
Cuando en julio de 2025 acudió por primera vez al Senado, en esta ocasión a la comisión del 'caso Koldo', Fernández declinó responder a todas las preguntas invocando su derecho constitucional a guardar silencio mientras estuviese procesado en la causa de Aznalcóllar. Cerrada ya aquella vía penal con una sentencia absolutoria, los senadores del PP confiaban en que esta vez no recurriera al mismo argumento, pero el secreto de sumario vigente en la Audiencia Nacional fue el argumento esgrimido por el compareciente.
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En las intervenciones, el senador del PP Gerardo Camps advirtió a Fernández de que "el derecho al silencio se ejerce pregunta a pregunta" y no puede convertirse "en una negativa general". Subrayó que la comparecencia no era "un trámite formal" sino "un control democrático" y le reprochó que, habiendo declarado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, ante la comisión callara: "Si hoy calla es porque no puede sostener aquí lo que allí sí dijo".
El senador popular afirmó que Fernández dispuso de un despacho en Diego de León 36 tras su salida de la SEPI, al que acudían la subdirectora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), María Jesús Garrido, y el director de Participadas, Juan Manuel Parte Arroyo. Camps le preguntó si "actuaba usted de facto como presidente en la sombra de la SEPI" y planteó que el inmueble fue "un centro de decisión al margen de la estructura institucional".
Camps detalló que el compareciente adquirió "propiedades en Marbella" en 2019, "dos viviendas más" en 2022, "un chalet en Sevilla" en 2024 y otro piso en Marbella en 2025, además de bienes en Jaca, hasta sumar "un patrimonio inmobiliario de más de 10 millones de euros". El senador del PP sostuvo que, en el momento de esas adquisiciones, el compareciente no podría acreditar haber cobrado "más de un millón" de euros.
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Por su parte, el senador del PSOE Amaro Huelva agradeció la comparecencia y expresó "respeto absoluto" al silencio del compareciente. Defendió que la SEPI evitó "la desaparición de más de 60.000 empleos" durante la pandemia y alcanzó en 2024 "una cifra de negocio récord de 6.355 millones" con una cartera de valores "en máximos históricos". Sostuvo que la 'comisión SEPI' del Senado "no existiría" sin las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 y la candidatura de María Jesús Montero al frente de la formación socialista en esa región.
PARA "COBRAR MORDIDAS"
A su vez, la senadora de Vox Paloma Gómez afirmó que el compareciente fue fichado por Servinabar 2000 tras 19 meses "refugiado en su plaza de funcionarios sin trabajar", con una remuneración de "219.000 euros" en año y medio. Sostuvo que la UCO "sospecha que usted nunca se fue del todo de la SEPI" y le preguntó por los pagos presuntamente derivados a terceros vinculados a Santos Cerdán, "su hermana, su cuñado, su mujer".
Gómez detalló que la empresa SAPA pagó a Servinabar "145.200 euros" entre 2021 y 2022 en dos remesas, "una de 101.640 euros y otra de 43.560", coincidiendo con la entrada de la armamentística vasca en el capital de Indra y un préstamo de la SEPI de "48,7 millones de euros". La senadora preguntó si inflaban presupuestos "hasta un 50% para canalizar las comisiones" y si estas se blanqueaban "mediante inversiones inmobiliarias en Marbella y en Jaca".
Por su parte, la senadora de UPN Marimar Caballero sostuvo que el compareciente cobró "más de 200.000 euros" de Servinabar, empresa con sede en Pamplona, y se mostró convencida de que "ni pisó Pamplona ni pisó Navarra para fichar por esta empresa". Sostuvo que esta mercantil era "una empresa tapadera que tenía Santos Cerdán con su socio Antxon Alonso" y que le sirvió "para cobrar mordidas de obras públicas", concretamente "un 2% de las obras adjudicadas a Acciona".
