El caso de la asesora de La Moncloa entra en fase de juicio y se separa de la pieza central en la que Begoña Gómez estaba imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
La participación de la asesora del Palacio de la Moncloa en sus negocios privados movió al juez instructor a abrir una nueva línea de investigación en la que la propia Cristina Álvarez llegó a reconocer que había hecho favores desde su puesto a la mujer del presidente.
Dos correos electrónicos enviados por la asesora de Begoña Gómez dan lugar a esta investigación.
Cristina Álvarez los envía desde su cuenta de la secretaría general de presidencia y en este otro pide a una empresa que siga patrocinando la cátedra de la esposa de Sanchez.
Según el juez con ello se excedió de las funciones de su cargo y de ahí los indicios de tráfico de influencias y malversación.
Son tres los imputados en esta causa: Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, la asesora, Cristina Álvarez, y el actual Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque fue el jefe de Álvarez en Moncloa y quien presuntamente ordenó su contratación.
La investigación está avalada por la Audiencia de Madrid al considerar que pudo producirse una desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados” y, lo que es más importante, dentro de una estructura de poder como es la Presidencia del Gobierno.