Las denuncias por quebrantamientos de órdenes de alejamiento aumentaron un 50% en 2024 respecto a 2020, según los datos del Ministerio del Interior.
En cuatro años se han registrado 8.000 denuncias más, pasando de menos de 16.000 en 2020 a 23.890 el año pasado.
El repunte coincide con los fallos detectados en las pulseras telemáticas de geolocalización, utilizadas para controlar a maltratadores, que en ocasiones no han emitido avisos pese a que el agresor se encontraba a una distancia inferior a la permitida.
Sindicatos policiales, jueces y víctimas habían alertado de errores que generaban falsos positivos y falsos negativos, comprometiendo la seguridad de las mujeres protegidas.
Asociaciones feministas también habían advertido de la desprotección, mientras el Gobierno sostiene que carece de información judicial sobre cuántos casos han terminado en absolución. Un estudio elaborado en 2024 por jueces, fiscales y abogados permanece sin hacerse público.
El Partido Popular ha exigido al presidente Pedro Sánchez que cese a la ministra competente tras su regreso de Nueva York. Los populares subrayan que “lo más grave” no son solo los fallos, sino que el Ejecutivo “lo supo desde hace tiempo y no hizo nada”.