El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, ha dictado un auto en el que sostiene que existen indicios sólidos y racionales de un posible delito de malversación de fondos públicos en el que estarían implicados Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Según el magistrado, las pruebas recabadas en la investigación (correos e indagaciones sobre el uso de recursos públicos para fines privados) apuntan a la comisión de este delito.
Peinado ha citado a los tres investigados este sábado a las seis de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla para comunicarles formalmente su situación.
En ese acto procesal les trasladará que les atribuye el delito de malversación y que, de acuerdo con la Ley del Tribunal del Jurado, deberán ser enjuiciados por un jurado popular, ya que se trata de delitos atribuidos a funcionarios públicos.
La resolución no es firme: puede ser recurrida en un plazo de tres días ante el propio juzgado y en cinco días ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Será esta última instancia la que determine si avala o no la decisión del magistrado. Solo entonces, y tras agotar esos pasos procesales, Peinado podría dictar la apertura de juicio oral contra Gómez, Álvarez y Martín, lo que sentaría a la esposa del presidente en el banquillo.