El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada en la Sanidad
- Ayuso acusa al gobierno de Sánchez de querer "acabar con la Sanidad" en la Comunidad de Madrid y pide "respeto para la voluntad del pueblo de Madrid expresada en las urnas"
- Mónica García replica: Queremos cargarnos "su negociete, su chiringuito"
El Gobierno de Sánchez abre un nuevo frente contra la Comunidad de Madrid en relación a la gestión sanitaria. Ha aprobado un anteporoyecto de ley que pretende priorizar la gestión pública frente al modelo público privado aplicado en algunos centros por el gobierno regional. La proliferación de modelos privados también se realiza en comunidades gobernadas por el PSOE como Cataluña, pero el Ejecutivo menciona expresamente a la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.
"Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La titular de Sanidad ha asegurado que esta ley "pondrá coto" a casos "absolutamente obscenos" y se ha referido a los audios filtrados sobre supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, para aumentar el beneficio económico de la compañía, y a los problemas sucedidos por la externalización de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. García ha aseverado que no son "casos aislados", sino que se trata de un "problema estructural".
La ministra de Sanidad ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha llegado a decir que con el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno quieren cargarse "su chiringuito, su negociete".
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Incluso ha argumentado que la privatización tiene consecuencias en la calidad de la asistencia de los pacientes, generando un aumento de las infecciones, de la mortalidad evitable y mayor desigualdad.
La nueva normativa establece que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa por parte de administraciones o entidades públicas, estén garantizadas la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Además, cuando se quiera implantar un modelo de este tipo, se deberá someter a una evaluación previa obligatoria que incluya una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y el análisis de un comité compuesto por expertos del ámbito sanitario, representantes de profesionales y de la sociedad civil. Este informe y su resolución deberán ser publicados en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la administración sanitaria.
En el caso de concesiones de servicios, se requerirá un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.
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En todo caso, el anteproyecto introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público por la que se priorizará a entidades sin ánimo de lucro si hay empate e impide contratos en los que la empresa privada que construye el hospital pueda participar después en la gestión del centro.
DUDAS SOBRE SU APROBACIÓN
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá la fase de consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, pasará al Congreso de los Diputados.
Preguntada sobre si confía en tener apoyo parlamentario para su aprobación, Mónica García ha señalado que espera que así sea. "Es tan obsceno y es tan necesaria esta ley que yo dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante los beneficios económicos por delante de su salud. Solo tienen que pensar en la salud propia y la salud de sus seres queridos", ha destacado.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que el Gobierno de España quiera "acabar" con la sanidad madrileña, en su objetivo de limitar la colaboración público-privada, y llevarles "a la revolución" por su "absoluta obsesión" con la región para lo que actúa "amenazando, mintiendo e imponiendo". "Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid llevándonos a la revolución prácticamente, a que nada funcione en una región que no deja crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento", ha señalado.
Así se ha preguntado si lo que quieren conseguir es "acabar" con la Fundación Jiménez Díaz y decirles a los pacientes que "se equivocan cuando eligen" estos hospitales.
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"¿Qué van a hacer en Cataluña, por ejemplo, donde mucho más que en la Comunidad de Madrid se trabaja con este modelo sanitario?", ha ejemplificado.
Es por ello que la presidenta ha criticado que el Gobierno vaya "contra lo que funciona" y quiera "meter miedo" con una propuesta que cree que "no va a salir" adelante pero que el "daño ya está hecho".
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"Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada y de excelencia", ha reivindicado la presidenta madrileña, quien ha subrayado que las administraciones lo que tienen que hacer es "colaborar" con empresas y personas que tienen proyectos para "crecer juntos", además de señalar que es "insensato ir contra el empleo y contra la realidad".
De esta manera, la líder del Ejecutivo madrileño ha pedido "respeto" para Madrid y la voluntad de sus ciudadanos que son quienes deciden cómo tiene que ser gestionada su sanidad, su educación, sus universidades y sus empresas. "Por eso creemos en la colaboración público-privada y las empresas. Por estar al servicio de las administraciones nunca pueden ser sospechosas ni puestas en tela de juicio y menos por parte de quienes tenemos poderes públicos", ha expresado.
En esta línea, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra esta "ley anti-Madrid" que ha impulsado el Ministerio de Sanidad y ha censurado el "oscurantismo" del departamento que dirige Mónica García. "Nuevamente se han movido con oscurantismo como hacen habitualmente y nos hemos enterado de esto por un medio de comunicación", ha señalado Matute tras la visita este martes a la Casa Renal del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
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En su opinión, la ministra y líder de Más Madrid está haciendo oposición a la Comunidad en vez de ser ministra y ocuparse de la huelga de médicos. "Como todo lo que hace es una medida que ella piensa que es estrella, pero con la que se ha estrellado", ha destacado la consejera.
Matute ha indicado que se estudiará la forma en la que se articula el anteproyecto, que ha recalcado que no tendrá control sobre las concesiones de Madrid y ha señalado que desde la Comunidad pueden enseñarle en materia de inspecciones, auditorías y transparencia.
"Intenta tapar su ineficiencia con una huelga de médicos que está haciendo un daño irreparable a nuestro sistema nacional de salud, que es en lo que tendría que ponerse a trabajar", ha concluido la consejera.
