Begoña Gómez apela ante la Audiencia de Madrid su juicio con jurado
- Le pide que corrija la decisión del juez Peinado y alega que es una "particular" sin "mando" y achaca los 'emails' de Álvarez a un "uso social"
- Las acusaciones piden que se investigue el patrimonio de la asesora de Begoña Gómez y la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación que dirige por la presunta malversación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y sus actividades laborales a un eventual juicio con jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.
Así consta en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en que la defensa ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho defiende que no hay indicios de que Gómez participara en el nombramiento de Álvarez "ni en el pago de emolumentos", por lo que descarta que haya cometido malversación alguna.
"Por ello, debemos concluir que tampoco concurre el segundo de los elementos que han de concurrir para incoar el procedimiento del tribunal del jurado", sostiene para recurrir el auto en el que Peinado acordó transformar las diligencias de investigación e informar a Gómez de que en caso de que esta pieza separada vaya a juicio será juzgada por un jurado popular.
La defensa insiste en que no puede considerarse que la mujer de Pedro Sánchez, "que es una particular", sea una "funcionaria publica a los efectos de la comisión del delito de malversación".
El juez Peinado comunica a Begoña Gómez que será juzgada por malversación ante un jurado popular
"Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas", añade.
Asimismo, sostiene que tampoco puede atribuirse un delito de malversación al resto de investigados en esta pieza separada: la propia Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue 'número dos' de Presidencia cuando se realizó el nombramiento de la asesora de Moncloa.
"Ninguno de los investigados respecto a los cuales se incoa la presente causa de jurado puede ser considerado como presunto autor del citado delito", apunta el abogado de Begoña Gómez.
La Fiscalía no acusará a Begoña Gómez mientras el Gobierno afirma que "no hay nada" en sus correos
Además, insiste en que es "habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos". "Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación", añade.
Para Camacho, se trata de "una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad". "El Código Penal no puede aplicarse con relación a lo que constituye un uso social, una costumbre universalmente admitida", sostiene.
La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la UCM
Las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, han pedido al juez Juan Carlos Peinado que investigue el patrimonio de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que se investigue desde julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora. Entre las diligencias que piden figura la solicitud de sus declaraciones de la Renta a la Agencia Tributaria ente ese año y 2024.
Entre las diligencias que solicitan las acusaciones populares destaca la petición de que declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia" en el que pudo incurrir por su condición de jefe del Ejecutivo y esposo de la investigada, Begoña Gómez. También se pretende averiguar si estaba informado de una posible "desviación sistemática de recursos de la Presidencia del Gobierno para fines privados".
Las acusaciones también piden que testifique el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia en el momento de la designación de Álvarez. También solicitan que testifique Judit González, que ocupa ahora ese cargo, y la realización de un careo entre Alfredo González, exvicesecretario general de Presidencia, y la asesora.
El caso asesora: ¿favores personales o malversación de fondos públicos?
Entienden las acusaciones que el uso de tiempo de su jornada laboral en Moncloa para atender asuntos "estrictamente privados" de Begoña Gómez supuso un perjuicio de 320.000 euros para las arcas públicas, cifra que extraen de sumar los salarios de Álvarez entre julio de 2028 y diciembre de 2024, el uso de bienes y servicios estatales y el consumo de medios tecnológicos, humanos y logísticos.
LA FISCALÍA EUROPEA INVESTIGARÁ TRES CONTRATOS DE BARRABÉS
La Fiscalía europea amplía su investigación después del demoledor informe de la Intervención general del Estado sobre el caso Begoña Gómez. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, señaló numerosas irregularidades en la concesión de tres contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de la esposa del presidente.
El próximo paso de la fiscalía es interrogarle, tanto a él como al otro imputado, Luis Prieto, directivo de Red.es, que sigue como directivo del organismo dependiente del ministerio que dirige Óscar Lopez.
Hacienda ve un posible fraude de ley en los contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez
El empresario Juan Carlos Barrabés ha ratificado este martes la legalidad de las adjudicaciones de contratos de Red.es a una de sus empresas y ha recordado que así lo avalan las declaraciones prestadas por representantes de sus empresas competidoras, que además ni impugnaron los pliegos ni se consideraron perjudicadas.
Barrabés se ha pronunciado en esos términos en un comunicado remitido a EFE ante el informe encargado por la Fiscalía Europea a un técnico de la Intervención General del Estado sobre las adjudicaciones realizadas por Red.es a la unión temporal de empresas (UTE) en la que participa al 50% Innova Next, propiedad del empresario, quien había recibido cartas de recomendación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
Feijóo: "Sánchez debería dimitir porque es imposible que pudiesen delinquir sin él"
El empresario ha recalcado que Red.es aplica "desde el año 2011 exactamente, los mismos procesos de licitación, valoración y adjudicación que se observaron en las adjudicaciones a la UTE", en total en más de 1.600 licitaciones, incluso en otros lotes de los mismos expedientes investigados, adjudicados a otras empresas. También ha argumentado que esas fórmulas son frecuentes en la práctica contractual administrativa de la entidad pública empresarial Red.es y en otras administraciones públicas, "sin que nunca antes hayan recibido ninguna tacha" por las razones que esgrime el informe aportado a la Fiscalía Europea.
