La Audiencia Nacional avala el cese de Pérez de los Cobos

  • Da la razón a Interior por la destitución del coronel al mando de la Comandancia de Madrid
  • Reconoce el motivo de "pérdida de confianza" esgrimido por el ministro Marlaska
Foto: EUROPA PRESS |Vídeo: Telemadrid

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, y ha avalado la legalidad del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, acordado en mayo de 2020 y en el que no ve "desviación de poder".

La sección quinta de lo contencioso de este tribunal revoca así por unanimidad la sentencia dictada el pasado 31 de marzo por el juzgado central de lo contencioso, que anuló la orden de Interior de cesar al coronel y condenó al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a restituirle en el puesto.

"No discute la idoneidad del coronel para el puesto, propuesto para ascender a general, sino la pérdida de confianza para continuar al frente del mismo"

Tras examinar el caso, el tribunal concluye que el relevo sí que estuvo ajustado a Derecho y contó con suficiente motivación, y no advierte ninguna "desviación de poder" por parte del Ministerio.

En su sentencia, la Sala no discute la idoneidad del coronel para el puesto, quien incluso, añade, ha sido propuesto para ascender a general; sino, "la pérdida de confianza" para continuar al frente del mismo, y afirma que "las razones subjetivas" del Ministerio "están amparadas por la decisión libre de cesarle".

El motivo del cese fue por no informar de las investigaciones al entonces delegado del Gobierno en Madrid, por autorizar la manifestación del 8M

El tribunal afirma que, según argumentó la Dirección General de la Guardia Civil y asumió la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio, el motivo del cese fue "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones" de la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, en referencia a la causa, ya archivada, donde se investigó al entonces delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8 de marzo de 2020.

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