Álvaro García Ortiz será el primer fiscal general del Estado que se siente en el banquillo de los acusados
- Se enfrenta a una pena de hasta 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación por un delito de revelación de secretos pero García Ortiz ha anunciado que no dimite y ha defendido su inocencia
Álvaro García Ortíz será el primer Fiscal general del Estado en España procesado por el Tribunal Supremo en democracia. Se trata, por tanto, de un hecho inédito y sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. Deberá responde por un delito de revelación de secretos por unos hechos que se produjeron hace poco más de un año
Álvaro García Ortiz será el primer Fiscal general del Estado que se siente en el banquillo de los acusados. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, considera que hay indicios suficientes para juzgarle por un delito de revelación de secretos. Cree que está detrás de la publicación de un correo con datos confidenciales de Alberto González Amador.
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El 13 de marzo del año pasado García Ortiz ordenó a la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez que le enviara a su email personal los correos que el abogado de Amador intercambió con el fiscal del caso. Cuando los tiene, le reclama otro, del que habla la prensa, le dice. Se lo pide varias, veces, en cuanto lo tengas, lo necesitamos para cerrar el círculo. Los consigue a las 22,45 horas. Una hora después un medio los publica.
El juez cree que la Fiscalía general envió a Presidencia del Gobierno ese email y de ahí se filtró a un medio de comunicación.
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También afirma que Moncloa se lo facilitó a Juan Lobato para que hiciera uso de él, con una clara finalidad política.
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Según contó la Fiscal superior de Madrid en el Tribunal Supremo, ella reprochó a García Ortiz, a la mañana siguiente estar detrás de la filtración a lo que él contestó que esto ahora no importa.
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Poco después la fiscalía emitió una nota de prensa detallando todo esos datos, según Pilar Rodríguez a la nota le faltaba "un poquito de cianuro".
El Fiscal General borró hasta dos veces todos sus correos electrónicos y mensajes y lo hizo justo el día que el Supremo abrió la causa contra él, también cambió de teléfono.
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La UCO no ha podido recuperar esas comunicaciones pero sí detalla que la noche de la filtración tuvo 20 llamadas en apenas 4 horas.
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En su declaración ante el Tribunal Supremo el Fiscal general solo contestó a su abogado y lo negó todo con rotundidad.
Ahora podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación.
Pese a ello, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que no dimite y ha defendido su inocencia.
