Junto al puente de San Fernando de Henares, un asentamiento se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones vecinales y de la lucha contra el hurto en la capital. Según denuncian los residentes, en el lugar se ha establecido uno de los clanes dedicados de manera organizada a los robos y el carterismo en el centro de Madrid y en toda la comunidad.
"Es un foco de delincuencia. Son una organización criminal, no viven aquí por necesidad y cometen hurtos en Madrid y todo. Actúan en toda la Comunidad de Madrid y en el centro. Y en Torrejón de Ardoz tienen otros también sus hostales, donde se alojan", afirma Javier, un vecino de la zona.
En el punto se encuentra, además, una vieja conocida para los voluntarios de Patrulla Madrid, el grupo ciudadano que colabora con la Policía para prevenir hurtos en zonas concurridas mediante observación y alerta a turistas. En los últimos meses, aseguran, se ha levantado allí una colonia donde viven más de una veintena de presuntos carteristas.
"Es la banda criminal organizada de los rumanos. Aquí se han montado sus chalets y llevan bastante tiempo ya, pero parece ser que hacen la vista gorda todas las autoridades, no hacen nada", declara José, otro residente. "No pagan nada, ni luz, ni agua, ni impuestos y van todos los días al centro de Madrid a robar. Pueden sacar entre dos y seis mil euros diarios. Lo saben perfectamente, ellos saben elegir a sus víctimas".
La preocupación se extiende a la zona comercial cercana, donde comerciantes y clientes reportan un incremento de los robos. "Se llevaron mi bolso del coche, pero no sé si eran ellos o no", relata un vecino afectado. Fuentes policiales confirman que conocen la situación del asentamiento.
Uno de los ocupantes del asentamiento accede a hablar con un equipo del programa. Alegando que poseen permisos para residir allí legalmente, fue a buscar unos documentos. Sin embargo, por error, mostró primero citaciones y procesos judiciales en su contra por delitos de robo.
Finalmente, enseñó una notificación que confirma que tiene previsto un juicio por el procedimiento de lanzamiento (desalojo) el próximo mes de febrero. Esto implica que, legalmente, podrán permanecer en el terreno al menos hasta esa fecha.
Mientras los vecinos exigen una solución urgente, las personas asentadas se acogen a los plazos judiciales, y las bandas organizadas de carteristas parecen encontrar en estos intersticios legales y urbanísticos una base de operaciones para su lucrativa y lesiva actividad.