El Consejo de Ministros ha aprobado el en situación irregular poniendo el foco en un criterio determinante: la ausencia de antecedentes penales será el requisito imprescindible para acceder al proceso. Sin este filtro, no habrá posibilidad de obtener permiso de residencia y trabajo, según fija la redacción final del texto.
Además, el texto aclara que los antecedentes policiales no serán tenidos en cuenta en el proceso de regularización.
La norma, con un alto impacto político y social, prevé que más de medio millón de extranjeros puedan regularizar su situación durante un año, siempre que acrediten su presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia mínima de cinco meses. Sin embargo, estos criterios pasan a un segundo plano frente al control penal, que se convierte en la verdadera llave de acceso.
Ibón Rodríguez, Portavoz de Jupol. “nos han dejado fuera del proceso de regularización. No entendemos por qué. También asegura que la documentación que le piden a los extranjeros es “fácilmente falsificable” y es algo que han denunciado desde el principio.