Cuatro miembros del Gobierno han quedado este miércoles en el centro del debate político tras la difusión de distintas informaciones y denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en ámbitos relacionados con Interior, Hacienda y Transición Ecológica.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aparece vinculado a una reunión celebrada el 30 de septiembre de 2025 en su despacho ministerial. Según las informaciones difundidas, en ese encuentro participaron también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y mandos relacionados con la Unidad Central Operativa (UCO).
Las acusaciones sostienen que, pese a las advertencias internas sobre actuaciones atribuidas a la denominada “cloaca” y a la figura de Leire Díez, no se habría informado a los responsables de la Guardia Civil que, presuntamente, estaban siendo objeto de esas actuaciones. Estas circunstancias han motivado nuevas críticas hacia el titular de Interior.
Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a situarse en el foco por una operación relacionada con la venta de un inmueble público valorado en cerca de 200 millones de euros. Los documentos difundidos apuntan a la supuesta intervención de un familiar de la ministra que habría reclamado una comisión de 4,7 millones de euros. Asimismo, la documentación citada sostiene que el impulso de la operación habría partido directamente de la responsable de Hacienda.
La tercera protagonista es Teresa Ribera. Diversas informaciones publicadas en medios nacionales relacionan a la sociedad Next Generation Caliope Innova con un presunto pago de 5,2 millones de euros procedente de la empresa Forestalia. Según esas informaciones, el dinero habría estado vinculado a la obtención de licencias energéticas y habría terminado en manos de un alto cargo de su departamento.
Finalmente, la actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha sido señalada por su relación con algunos de estos episodios. Durante una comparecencia en el Senado se le preguntó por decisiones adoptadas en torno a informes medioambientales relacionados con la empresa TUV Rheinland.
Las críticas se centran en una reunión considerada clave para un posible rescate empresarial en la que, según las informaciones conocidas, no estuvo presente, produciéndose posteriormente un cambio de criterio sobre la operación.