En la Audiencia Provincial de Madrid tendrá lugar este lunes un juicio contra un grupo de 13 jóvenes por su participación en una pelea multitudinaria durante la madrugada del 22 de septiembre de 2013 con ocasión de las fiestas patronales de Majadahonda.
El fiscal pide para los jóvenes penas que van de uno a dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos. Además, se les reclama un año para cada uno y para siete de ellos se añade una petición de penas que oscilan entre tres los meses a un año por un delito leve de lesiones y de atentado contra agentes de la autoridad, respectivamente.
Los hechos
El escrito de acusación indica que sobre las cinco de la madrugada del 22 de septiembre de 2013 una gran cantidad de personas "en su mayoría jóvenes" estaban concentrados en el recinto ferial y zonas aledañas donde se celebraban las fiestas patronales de Majadahonda.
"Sin que conste el motivo concreto, en un momento dado comenzó una reyerta tumultuaria en la que participaron activamente varios jóvenes con un comportamiento violento, llegando a agredir a otros, por lo que fue activado el grupo de guardias civiles de paisano para proteger la seguridad de las personas", continúa la Fiscalía.
Entonces, los agentes observaron cómo un grupo de alguno de los participantes en la reyerta estaban utilizando instrumentos "peligrosos para la vida o integridad física" como botellas de cristal "creando un grave riesgo para la seguridad de los asistentes".
Las detenciones
Tras realizarse las primeras detenciones y trasladar los detenidos a una zona de seguridad, un grupo de 70 personas 'aproximadamente' rodeó dicha zona y comenzó a lanzarles piedras y botellas de vidrio.
Durante las detenciones, un agente resultó herido tras recibir un golpe con un objeto contundente propinado por Raúl A. C. mientras que otros dos acusados, Rodrigo S.E. y Christopher A.G.G., intentaron agredir a otros dos agentes cuando iban a ser detenidos.
Al resto de los jóvenes que se sentarán en el banquillo de los acusados, como los tres ya citados, se les imputa un delito de desórdenes públicos a los que en algunos casos se les añade el de atentado contra la autoridad (los que intentaron agredir al grupo de guardias civiles) o el de lesiones (a los que provocaron heridas a los agentes).
