Envejecimiento acelerado: La población mayor de 65 años supera en 3,2 millones a los menores en España
- La pirámide poblacional invertida tensionará aún más el sistema de pensiones, sanitario y asistencial en los próximos años
La Estadística Continua de Población recién publicada por el INE, que eleva la población de España al término del primer trimestre hasta los 49.153.849 habitantes gracias al incremento de personas nacidas en el extranjero, revela la creciente complejidad de la pirámide poblacional española, marcada por un notable envejecimiento y profundas disparidades territoriales.
Los datos del INE muestran que España cuenta con 7.506.434 menores de 18 años, representando el 15,3% del total de la población, frente a 10.709.263 mayores de 65 años, que constituyen el 21,8 %. Esta diferencia de más de 3,2 millones de personas (un 42,7 % superior en el grupo de mayores de 65) subraya un claro proceso de envejecimiento a nivel nacional.
El desequilibrio demográfico se acentúa al observar la distribución geográfica. Únicamente dos provincias, Almería y Murcia, junto con las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, presentan una mayor proporción de menores de 18 años que de personas en edad de jubilación.
En el otro extremo, el noroeste peninsular, junto con Aragón, Castilla-La Mancha y varias provincias del sur interior, exhiben una pirámide invertida, con una alta concentración de población de edad avanzada. Zamora y Ourense destacan como los casos más críticos, con una población de mayores de 65 años que triplica la de menores de 18.
Por otra parte, hay una alta proporción de centenarios. España tiene un número significativo de personas de 100 años o más (26.348 personas), lo que representa 5,4 de cada 10.000 habitantes.
Este escenario plantea importantes desafíos para el futuro de España, incluyendo la sostenibilidad del sistema de pensiones, la atención sanitaria a la población envejecida y la necesidad de políticas que fomenten la natalidad y equilibren la distribución poblacional en el territorio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo, ya advirtió de la elevada presión que impondría el envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas.
El hecho de que haya un mayor número de personas mayores de 65 años que de menores plantea varios problemas significativos, como la sostenibilidad del sistema de pensiones. A medio plazo, habrá menos personas en edad de trabajar que contribuyan a financiar las pensiones de un número creciente de personas mayores.
Esto generará dificultades para mantener el nivel de las pensiones actuales y abrirá la puerta a la necesidad de afrontar nuevas reformas en el sistema. La AIReF señala que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035 y alcanzaría un máximo del 16,3% del PIB en 2049.
Pero no es el único problema. Una mayor población envejecida aumentará la presión sobre el sistema sanitario, requiriéndose la prestación de más servicios de salud. Ello generará mayores costos y la necesidad de adaptar los servicios a sus necesidades.
De hecho, los datos muestran que el gasto sanitario per cápita tiende a aumentar con la edad. Las personas mayores requieren más hospitalizaciones, más medicamentos y una atención más prolongada debido a enfermedades crónicas y multimorbilidad.
Esto se traduce en un incremento del gasto sanitario público, por la prevalencia de enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurodegenerativas y cáncer) que aumentan con la edad. Estas enfermedades requieren un manejo a largo plazo y una atención médica continua, lo que ejerce presión sobre los servicios sanitarios.
Según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto sanitario relacionado con el cáncer podría dispararse un 82% de aquí a 2050, impulsado por el incremento de casos asociados a una población cada vez más longeva y los elevados costes de los tratamientos oncológico.
El envejecimiento de la población también implica una mayor demanda de servicios de atención social, como cuidados a largo plazo y asistencia a domicilio. Esto requerirá dotar de más recursos los servicios de atención asistencial.
Según las proyecciones de la AIReF, en sanidad, el gasto se estabilizaría en torno al 8,4% del PIB a partir de 2049, mientras que en cuidados de larga duración lo haría en torno al 2% alrededor de 2060.
Por otra parte, una población envejecida puede llevar a una disminución de la fuerza laboral, lo que puede afectar la productividad y el crecimiento económico. La escasez de trabajadores jóvenes puede dificultar la cobertura de puestos de trabajo y la innovación en las empresas.
Por otra parte, en cuanto a dinámica económica: Una población envejecida puede afectar la demanda de bienes y servicios, ya que las prioridades de consumo de las personas mayores pueden ser diferentes a las de los jóvenes. Esto puede tener implicaciones para diversos sectores de la economía.