Un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado en el juicio por el 9N que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este martes la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta soberanista del año 2014 prohibida por el Tribunal Constitucional.
El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., que también está previsto que declare hoy, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito.
Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió "presiones", con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.
Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: "Me parece que te han engañado".
El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional -el 4 de noviembre-, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet -que también comparecerá hoy-, convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les "forzó" para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.
El testigo ha explicado que envió un informe al inspector jefe, Francesc Guell, que también declarará hoy, para denunciar estas supuestas "irregularidades", si bien no recibió ningún tipo de respuesta.
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector ha señalado que la directora de Enseñanza de Barcelona-Comarcas había convocado por correo electrónico el 16 de octubre una reunión con directores de instituto para hablar de la jornada del 9N, en la que, detallaba, "algunos institutos serán sede". Ante esta convocatoria, el inspector se reunió con los directores de los centros que estaban bajo su responsabilidad, el Pompeu Fabra y el Isaac Albéniz, ambos de Badalona, para que solicitaran órdenes por escrito.
Al día siguiente de la reunión, el inspector se reunión con la directora del Pompeu Fabra, que le explicó que algunos directores habían pedido en la reunión instrucciones por escrito y que la responsable de los servicios territoriales, Montserrat Llobet, se negó, alegando, según la responsable del centro de Badalona: "Si os lo digo yo, no necesitáis ninguna instrucción por escrito".
Según el inspector, se trató de una situación "irregular" ya que se "forzaba" a los directores de centros a hacer una cosa que "no estaba clara: ceder los locales sin saber muy bien cómo".
Posteriormente, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta el 4 de noviembre, este inspector remitió un escrito a las dos directoras en las que, de forma taxativa, les advertía de que no podían permitir el uso del instituto para la votación si no recibían instrucciones concretas por escrito.
De los dos centros que llevaba este inspector, el Isaac Albéniz abrió sus puertas porque había voluntarios para hacerlo, mientras que la directora del Pompeu Fabra "se resistía un poco" a entregar las llaves, pese a que recibió "presiones", con llamadas de los responsables de los servicios territoriales, según el testigo.
UNA DIRECTORA DE ENSEÑANZA NIEGA "COACCIONES" A INSTITUTOS PARA ABRIR EL 9N
La exdirectora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona Montserrat Llobet, que tras la consulta del 9N fue ascendida a directora general de Secundaria y Bachillerato, ha negado hoy que hubiera "coacciones" a directores de institutos para ceder sus centros para la consulta soberanista.
Llobet ha declaradocomo testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, minutos después de que un inspector de Educación testificara que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación.
En su declaración, en la que en varias ocasiones ha buscado con su mirada a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, Llobet ha negado coacciones a los directores de instituto en su zona, en la que solo un centro de Badalona mostró reticencias a entregar las llaves y otro de L'Hospitalet -el IES Pedraforca- se negó a hacerlo, ha precisado.
Llobet ha explicado que la directora del IES Pedraforca, Dolores A., que hoy también comparecerá como testigo, no aceptaba ninguna de las opciones que se le planteaban, por lo que la llamó en vísperas de la consulta, ante lo que la mujer se mostró "muy preocupada" por lo que le podía pasar si cedía las llaves.
La testigo ha asegurado que no coaccionó a la directora del IES Pedraforca ni esta sufrió posteriormente "ninguna represalia". Finalmente, se optó por dejar este centro fuera de los puntos de votación de la consulta porque, a cambio de entregar las llaves, exigía un recibo que, según su versión, quería entregar a la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.
UN ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN DICE QUE ERA "TECNICAMENTE IMPOSIBLE" DESACTIVAR LA WEB DEL 9N
El exasesor del Departamento de Gobernación Joan Cañada, que coordinó la votación del 9N, ha afirmado hoy que era "técnicamente imposible" desactivar la web de la consulta tras su suspensión por el Constitucional, porque por problemas de seguridad se había "duplicado" en varios servidores.
Cañada ha declarado hoy como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que ha aclarado que siente una "profunda admiración" por el expresidente catalán Artur Mas y una "especial estima" por la exconsellera Joana Ortega, aunque ello no le impide "decir la verdad".
El testigo ha precisado que fue responsable del diseño y de la puesta en funcionamiento de la página "participa2014.cat", que la Generalitat montó para gestionar la consulta del 9N y que, según su versión, no solo no fue desactivada tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC), sino que incluso sigue funcionando hoy en día.
UN DIRECTOR TECNICO ADMITE QUE SE REPARTIERON ORDENADORES TRAS LA SUSPENSION
Por su parte, el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) durante el 9N, Jordi Escalé, ha reconocido hoy que se repartieron ordenadores de la Generalitat para la votación los días 7 y 8 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional ya había suspendido la consulta.
Escalé, que actualmente trabaja para el sector privado, ha comparecido hoy como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener la votación del 9N pese a que había sido suspendida por el TC el 4 de noviembre de 2014.
Durante un exhaustivo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal Emilio Sánchez Ulled, Escalé ha asegurado que antes del 4 de noviembre ya habían instalado el programa elaborado por T-Systems, para poder efectuar la votación, en unos 7.000 ordenadores adquiridos por la consellería de Enseñanza, así como sistemas de seguridad para que no hubiera vulneración de datos de participantes.
El testigo ha explicado que, antes del 4 de noviembre, ya se habían repartido algunos ordenadores en unos 500 municipios catalanes, si bien el resto de terminales, los que iban destinados a institutos en los que se podía votar el 9N, se repartieron durante los días 7 y 8 de noviembre, para no interferir en la "actividad normal" de los institutos.
El fiscal le ha preguntado entonces cómo puede ser que T-Systems hubiese facilitado el sistema para que se instalara en los ordenadores antes del 4 de noviembre, teniendo en cuenta que la proveedora no certificó la entrega del programa hasta el día 6 de noviembre, a lo que el testigo ha respondido indicando que con anterioridad ya les habían facilitado un programa máster.
Escalé ha asegurado que no le constaba que del 4 al 9 de noviembre funcionarios del CTTI estuviesen implicados en el proyecto del 9N, porque todo el trabajo ya estaba hecho y no era necesario.
