Las comunidades autónomas se presentarán este jueves a examen ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que deberá aprobar unos planes de ajuste que están también bajo la estricta vigilancia de Bruselas, que ha descartado, de momento, dar un año más a España para reducir su déficit.
Sobre este Consejo de Política Fiscal pesa además el peligro de intervención avanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las comunidades que no cumplan el objetivo de reducir su déficit este año al 1,5 % de su PIB, y la advertencia de Bruselas de que las regiones son las causantes de las malas perspectivas para España.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha asegurado que la clave para reforzar la confianza en España es aplicar de manera enérgica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para minimizar el riesgo de desvíos de los gobiernos locales.
De hecho, Rehnn ha constatado que la Administración central se ajusta bastante a las previsiones pero no así las comunidades autónomas, a las que ha considerado culpables de los malos pronósticos.
Para Bruselas, las malas cifras de España se deben a que las comunidades aún no han especificado las medidas de consolidación presupuestaria que tienen previsto acometer, y que comenzarán a desvelarse tras el Consejo de Política Fiscal del jueves.
Con el foco de Bruselas sobre las 17 autonomías, Rajoy ha enviado esta semana un mensaje claro de advertencia: "Si alguna comunidad necesita ser intervenida, lo será". Pero la amenaza de intervención ha cobrado especial fuerza este fin de semana tras anunciar el Ministerio de Hacienda que estudia tutelar las cuentas de Asturias, ante la imposibilidad del gobierno regional en funciones de aprobar un plan económico que garantice el cumplimiento de objetivos.
En este marco, Bruselas ha insistido en que el cumplimiento de las metas de reducción del déficit dependerá de que todos los gobiernos regionales, sin excepciones, cumplan estrictamente sus objetivos.
Ante el Consejo del jueves, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, se ha mostrado esperanzada de que no haya lugar para la rebeldía y ha insistido en que las comunidades no son culpables de la situación.
Esa idea -que las comunidades no son las culpables- fue también la que estos meses transmitió a Bruselas el secretario general adjunto de CDC, Oriol Pujol, quien llegó a entrevistarse con varios eurodiputados para dejar claro a las instituciones europeas que los problemas de déficit de España no han sido causados por las comunidades, y más en concreto por Cataluña.
Precisamente fue Cataluña quien hace ya dos meses reclamó a la Unión Europea más tiempo, hasta 2013, para reducir su déficit público al 1,3 % del PIB catalán. En cuanto a la rebeldía, el nuevo Gobierno andaluz (PSOE-IU) ha pedido un cambio en la política económica europea y el nuevo vicepresidente, Diego Valderas, de Izquierda Unida, ha señalado que Andalucía está "obligada" a dar ejemplo nacional e internacional con políticas de izquierda basadas en una "pacífica, serena y necesaria rebeldía ciudadana".
Pero Bruselas quiere también ver los detalles fiscales del País Vasco y Navarra, comunidades con una mayor autonomía fiscal, y ha advertido de que si hay incumplimiento de los umbrales de déficit será el Gobierno de Rajoy quien tenga que responder ante los socios europeos.
