El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha planteado hoy a la oposición poder lograr un acuerdo para dejar los elementos estructurales de la enseñanza "a resguardo de vaivenes políticos", si bien ha defendido que las evaluaciones de final de etapa son imprescindibles en la reforma educativa.
En el pleno del Senado, donde ha respondido a cuatro preguntas del PSOE y tres de Entesa, PNV y CiU, el ministro ha asegurado que el PP va a hacer en el Parlamento "todos los esfuerzos necesarios y requeridos" a través de contactos "informales y luego más formales".
El Gobierno, ha insistido, está dispuesto al máximo diálogo con todos los grupos parlamentarios con vistas al consenso político y social, "respetando los elementos cardinales de la reforma", aunque sin nombrar ninguno explícitamente.
No obstante, esta mañana el ministro había defendido en el Foro de Madrid que las evaluaciones de final de etapa necesarias para graduarse en ESO y Bachillerato son "lo más irrenunciable" del proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que sólo a través de ellas se recuperará un sistema que garantice resultados y elevará "la tensión educativa" de alumnos y docentes.
También ha negado como "falso de toda falsedad" que la reforma ataque a las lenguas cooficiales autonómicas, sino que se atiene "escrupulosamente" a lo dictado por el Tribunal Constitucional.
Mientras que Wert ha reconocido en el Senado que el Gobierno aspira a un nivel de consenso mayor para sacar adelante el proyecto legislativo, los grupos de la oposición lo han acusado de ampararse en la "soledad parlamentaria y social" de la mayoría absoluta y le han pedido que retire la reforma.
UNA CUESTION DE LIBERTAD
En relación con la polémica sobre las lenguas, Wert ha asegurado al senador Ramón Alturo (CiU) que se incorporará a la futura ley aquella fórmula que proponga la Generalitat de Cataluña y que garantice la libertad de escoger educación en castellano en esa comunidad.
"Es un problema de libertades, me da igual que sea el de uno, de diez o de mil, porque seguirá siendo un problema de libertades", ha dicho Wert.
La senadora del PNV Rut Martínez ha pedido al ministro que, en el debate parlamentario, "haga gala de ese talante dialogante" que ofrece, al tiempo que no ha descartado que su grupo presente un veto en la Cámara Alta.
Sobre aspectos concretos de la ley, ha negado el ministro que se rompa la prevalencia de la enseñanza pública, ha defendido que el sistema de escuela concertada funciona "razonablemente bien" y no había sido cuestionado por los socialistas hasta ahora, después de que el senador del PSOE Francisco José Álvarez de la Chica lo haya acusado de querer convertir la educación pública en un "bonsái".
Wert ha defendido la posibilidad de concertar la educación diferenciada por sexos, una opción minoritaria en el conjunto del sistema escolar, siempre que respete las condiciones que fija la Unesco y no perjudique las oportunidades educativas de chicos y chicas.
El senador socialista Vicente Álvarez Areces ha acusado al ministro de "mentir" en el Parlamento sobre la realidad de los "recortes" educativos y de esconderse detrás de "trucos semánticos", a lo que Wert ha replicado que las reducciones presupuestarias las toman las comunidades en función de sus competencias.
"Está solo, esta ley no tiene futuro y ha generado rechazo generalizado; atienda más a la calle y a este Parlamento", lo ha instado el senador socialista.
El parlamentario de Entesa Rafael Bruguera ha insistido en que la Lomce "no es necesaria", a lo que el ministro le ha preguntado "qué tipo de cataclismo" es necesario para aceptar una reforma educativa cuando España tiene abandono escolar prematuro del 25 %, un 37 % de repetidores a los 15 años y un 57 % de paro juvenil.
Entre las comunidades, el Gobierno catalán ha pedido hoy una reacción "clara y contundente" contra la Lomce, para lo que convocará una cumbre de partidos y de la comunidad educativa autonómica próximamente.
La consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno, ha avanzado que el Junta trabajará en un "plan B alternativo" para minimizar los efectos "negativos" de la reforma.
El sindicato FETE-UGT se plantea la posibilidad de objetar a la reforma si el Parlamento la aprueba sin cambios sustanciales.
