"Dadme la oportunidad de seguir en mi casa". Cos estas palabras se dirigía Josefina, viuda de 62 años y madre de 5 hijos, a los presentes en el segundo intento de desahucio de la vivienda de Leganés en la que residen. Una casa de la Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA, de la Comunidad de Madrid situada en la calle de la Acacia 17 de esa localidad.
Era el segundo intento de lanzamiento judicial en una semana, tras haberse comunicado inicialmente el desalojo para el próximo 22 de octubre. El juzgado adelantó a este martes la fecha del lanzamiento que finalmente se ha pospuesto, según ha comunicado en redes sociales la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Sin plazo suficiente
La portavoz de la PAH de Leganés, Feli Velázquez, ha trasladado a EFE que la información sobre los documentos requeridos por la adaministración "no llegó a la abogada de Josefina hasta el jueves pasado a las 18.00 horas", teniendo que obtener un documento del Registro de la Propiedad de Leganés "en un plazo muy limitado".
La solicitud se realizó por internet y también se intentó tramitar presencialmente a primera hora del viernes, aunque, según relata Velázquez, el Registro de la Propiedad se encontraba cerrado por la festividad local de Leganés, mientras que este lunes se sumó la festividad nacional del 12 de octubre, lo que redujo todavía más el margen.
Según denuncian desde la PAH, Josefina, que vive en el inmueble junto a sus cinco hijos y tiene reconocida una discapacidad que le impide trabajar, está en una "evidente situación de vulnerabilidad", por lo que reclaman a la Agencia de Vivienda Social (AVS) "una solución que permita mantener el uso residencial de la vivienda".
La vivienda fue adjudicada por el antiguo IVIMA cuando Josefina estaba casada y el contrato quedó firmado a nombre de su marido, pero, tras su fallecimiento, y a raíz de una inspección rutinaria de la propia administración de vivienda, le exigieron que iniciara los trámites necesarios para regularizar su situación.
En concreto, le solicitaron el cambio de titularidad o subrogación del contrato y, aunque Josefina asegura que realizó dichos trámites, tiempo después, dos trabajadoras acudieron a su domicilio y le comunicaron que el expediente "había quedado archivado por falta de documentación".
Desalojo "por ocupación ilegal"
Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han señalado que "no se trata de un desalojo por impago de rentas, sino por ocupación ilegal del inmueble", denunciado judicialmente a través de un procedimiento contencioso-administrativo, por lo que en ningún caso estaría amparado por los decretos de vivienda, incluso si hubieran sido convalidados por el Congreso de los Diputados.
La Comunidad de Madrid ha mostrado su respeto por las resoluciones judiciales y ha resaltado que debe velar por el interés de las familias que necesitan una vivienda pública y cumplen con el proceso establecido de adjudicación, respetando la normativa vigente.