Tratan de frenar el desahucio en Sanse de una mujer vulnerable

Decenas de personas se movilizan desde las primera hora de la mañana en San Sebastián de los Reyes para intentar paralizar el desahucio programado de Pau, una mujer de alrededor de 50 años que, según claman los convocantes, se beneficiaría del nuevo 'decreto Maricarmen'.

La mujer vive en una habitación de un piso en la calle Navas de Tolosa, que le fue “subalquilada” en un procedimiento “que era una estafa, algo ilegal”, aunque ella desconocía “por completo” esta situación irregular, según ha explicado a EFE Natalia, la portavoz de la Asamblea de Vivienda de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Avas), que ha convocado la concentración.

Añade que Pau vivía en el piso junto a otras personas, que fueron llamadas a desalojarlo en una primera sentencia en septiembre de 2021.

En ese episodio la Policía, explica la portavoz, le dijo a Pau y a otro hombre que residía en la vivienda que ellos dos no tenían que abandonarlo porque estaban en situación de vulnerabilidad, y que “no tenían que seguir pagando nada, porque era una estafa”.

Por ello, abundan, les indicaron que “podían permanecer en la vivienda porque eran personas vulnerables” y “estaban amparados por el escudo social que se había aplicado durante la Covid-19”, que protegía a las personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Empresa de desocupación

Así se quedaron en el piso hasta 2025, cuando empezaron a “recibir acoso” por parte de una empresa de “desocupación”, con la que dicen ser víctimas de “intimidaciones en la puerta, amenazas, cortes de luz, pegamento en la cerradura y actos similares”.

Fue entonces cuando Pau acudió a Avas y pidió abogado y procurador de oficio gratuito, aunque “hasta el día de hoy no se le ha asignado ninguno”.

Por ello, denuncian, la inquilina se encuentra “en una situación de total indefensión”, a lo que se suma que “no tiene alternativa habitacional ni familia que pueda acogerla” y que tampoco se ha podido tramitar el informe de vulnerabilidad por carecer de abogado para solicitar que lleve este proceso judicial.

Lo que sí tiene, apostillan, es la anterior acreditación de vulnerabilidad, que le fue otorgada durante el proceso de regularización extraordinaria.

Desde Avas denuncian haber llegado a esta situación, precisamente cuando el Gobierno está tramitando el nuevo real decreto que “protegería a estas personas en condición de vulnerabilidad”, por lo que exigen el aplazamiento del desahucio “al menos hasta que tenga abogado y pueda defenderse, como obliga la ley”.

Además, los concentrados frente a la puerta de su casa subrayan que por el momento ninguna administración le ha ofrecido a la afectada ninguna alternativa habitacional.