El juicio del caso 'Malaya', sobre la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), ha comenzado este lunes con la declaración del acusado Juan Hoffman, quien ha afirmado que "no tenía ni la intención ni el conocimiento de que tuviera una influencia decisiva" el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, en el convenio urbanístico para desarrollar la operación Crucero Banús, aunque sí ha asegurado que éste, con un 15 por ciento, era uno de los socios de la entidad que se creó para comprar los terrenos.
La vista oral se ha retomado con la fase de declaraciones de los acusados en el bloque de blanqueo de capitales y, en concreto, en esta operación urbanística, como son, además de Hoffman y Roca, el que fuera primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, su hija Pilar y el ex comisario Florencio San Agapito. Está previsto que Roca declare el último de éstos, tras lo que lo harían tres procesados más, que son el empresario José Avila Rojas, el ex alcalde Julián Muñoz y el tasador José Mora.
En esta operación urbanística, dice la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros, mientras que los acusado lograron un beneficio de más de seis millones.
Hoffman está acusado por el fiscal de dos delitos de blanqueo de capitales, por los que se solicita siete años de prisión y multa de 102,6 millones de euros; y otro delito contra la Hacienda Pública, por el que se pide tres años de cárcel y multa de 460.000 euros. Para la acusación pública, este abogado era el encargado de la estructura societaria en el extranjero de Roca, aunque en su declaración ha dicho que no lo conocía en 1991, cuando los informes policiales ya los relacionan a ambos.
Así, ha asegurado que en 2001, fecha en la que se inició la operación inmobiliaria no tenía relación de amistad o negocio con el presunto cerebro de la trama de corrupción, al que conocía, según ha dicho, "básicamente de hola y adiós". En este sentido, ha señalado que su conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de Roca era "ninguno", precisando que "no se podía tener ninguna, ni siquiera había sido imputado en ningún caso".
En relación con Román, ha aseverado que en ese año tampoco tenía conocimiento respecto a antecedentes penales o actividades delictivas y ha añadido que le daba "todas las confianzas", ya que lo conocía de haber hecho anteriormente otras operaciones. No obstante, ha afirmado que las relaciones que tenía en ese momento con Román eran "por su actividad empresarial, pero no política", agregando que cuando Román era concejal no tenía "ningún" tipo de vinculación.
Respecto a la operación Crucero Banús, Hoffman ha asegurado que el precio real de la compra fue de cuatro millones de dólares, que se correspondía con 4,3 millones de euros de la época, aunque se hizo constar un precio menor "por imposición del vendedor". Según el escrito de la acusación pública, el convenio urbanístico con la Corporación municipal permitió un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo, que el acusado ha reconocido, aunque ha reiterado que no lo negoció.
Sobre esta negociación, ha señalado que supone que Román negociaría con Roca o con alguien del Ayuntamiento, como el ex alcalde Jesús Gil, las condiciones urbanísticas, aunque no lo sabe "a ciencia cierta", porque ha apuntado que cree que se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Gil. A preguntas del abogado del Ayuntamiento marbellí, ha dicho que Román no le daba cuenta de las gestiones y no le comentaba con quién hacía negociaciones sobre el suelo.
Asimismo, el letrado ha insistido en que el convenio donde hubo ese aumento de edificabilidad "no sé como se llega ni con quién se negoció" y ha señalado que no sabía con detalle los parámetros cuando entró en el negocio con un siete por ciento de la sociedad que compró los terrenos. Tampoco sabe, ha añadido, por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento, que según la acusación pasó de 5.442 a 2.400 metros cuadrados.
CAOS URBANISTICO Y BENEFICIOS
Ha manifestado que sabía que la edificación fue paralizada por los tribunales "porque probablemente no se ajustaba a la legislación urbanística que se consideraba vigente en aquel momento, pero el caos era total" y ha apuntado que no conocía que no se podía conceder licencia hasta que el planeamiento no estuviera aprobado, aunque ha incidido en que era práctica habitual "no sólo por gente en Marbella, sino en toda España" el firmar convenios.
Según el ministerio fiscal, la operación se articuló a través de la constitución de una sociedad en Suiza por parte de Román, Roca, San Agapito y Hoffman, que es la que va a comprar las participaciones de la entidad titular de los terrenos. Posteriormente, se transmite el 90 por ciento de esa sociedad a dos empresas representadas por el empresario acusado José Avila Rojas. Hoffman ha indicado que no sabía quién le sugirió a este constructor que se pusiera en contacto con él para llevar a cabo la operación urbanística.
Sobre la repartición de los seis millones de beneficios que supuestamente se obtuvo con la operación en menos de un año, ha explicado que "se hace en Suiza, que es el domicilio de la sociedad", aunque ha indicado que no sabe si se llegó a hacer un reparto de dividendos formalmente, "creo que no". Ha señalado que no tuvo que ver en la constitución de las fundaciones donde los acusados supuestamente recibieron el dinero.
Sí ha dicho que tenía un poder en la fundación Melifero, vinculada con Roca. En este punto, ha manifestado que "tenía poder para disponer de los fondos, pero administrar, lo hacía el banquero". Ha declarado que para él, la entrada de Roca en el negocio no tuvo nada que ver con la posición que tenía éste en la sociedad municipal Planeamiento 2000, ya que el porcentaje que tenía en la entidad que compró los terrenos "no era una participación que le permitiera influir directamente en la sociedad".
Por otro lado, cuestionado por tres cheques que eran la inversión de Roca en la operación, ha incidido en que "en ningún momento" pensó que ese dinero pudiera tener un origen delictivo, primero "porque eran cheques bancarios" y, segundo, "porque me pareció que era la cantidad que tenía que aportar, por lo que, no le das la mayor importancia", añadiendo que "no me extrañaba que el señor Roca hubiese tenido capacidad económica para afrontar una inversión económica de 600.000 euros".
Además, ha añadido que los cheques bancarios se ingresaron en Suiza, por lo que ha dicho que supuso que se verificarían y pasarían los controles correspondientes a la prevención de blanqueo de capitales, incidiendo en que no recibió reparos o rechazos por parte del banco.
