La juez Mercedes Alaya ha suspendido sine die las declaraciones de los dos imputados previstas para este lunes en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, el abogado Carlos Leal, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, y el administrador de Uniter, José González Mata.
Tanto Carlos Leal como González Mata se encuentran dentro de las nueve personas ya imputadas en la causa a las que Alaya citó a declarar en relación a la nueva investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que se saldó con 22 personas detenidas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no ha llegado a las dependencias judiciales hasta las 11.25 horas de este lunes aunque, según han informado a Europa Press fuentes del caso, está previsto que acuda a lo largo de jornada.
La magistrada Mercedes Alaya estará este martes de guardia de incidencias, con lo que en principio la declaración de estos dos imputados podría suspenderse hasta la próxima semana, dado que Jueves y Viernes Santo son días festivos.
Se da la circunstancia de que la próxima semana también se cumple el plazo de la última prórroga del secreto de sumario que pesa sobre el caso de los ERE fraudulentos, dictado por el pasado 4 de marzo por la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, destinada entonces como refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 ante la prolongada baja por enfermedad de la titular, Mercedes Alaya.
SUSPENDIDA POR SEGUNDA VEZ
Carlos Leal, abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís, cuya declaración se ha suspendido por segunda vez tras ser citado inicialmente por Alaya el pasado sábado, debía comparecer como imputado dentro de la investigación por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE
Por su parte, el administrador de Uniter, José González Mata, negó el pasado verano durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre los ERE creada en el Parlamento andaluz, que Uniter recibiera comisiones "desorbitadas", de hasta un 25 por ciento, alejadas a las normales del mercado. "Eso es llana y simplemente mentira", indicó el imputado.
De hecho, en un escrito elevado recientemente ante el Juzgado instructor, Uniter negó haber percibido comisiones "exorbitantes" o "fuera de mercado" por sus servicios, señalando que "la comisión real neta percibida como consecuencia de su mediación en las pólizas subvencionadas que se investigan se cuantifica en el 0,18 por ciento".
