Ábalos pide al Supremo un abogado de oficio para su declaración ante el Supremo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le asigne un abogado de oficio para que le asista en la declaración que tiene fijada para mañana miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Ha sido el propio Ábalos el que anunció su decisión en redes sociales tras decidir, ayer mismo, que renunciaba a la defensa de su abogado por "diferencias irreconducibles" en la estrategia de defensa.

En el escrito remitido al Supremo, Ábalos dice: "Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana".

Punto de inflexión

Esta nueva cita en el Supremo llega tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos que habla de la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que su exasesor ministerial Koldo García gestionaría para él.

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, les citó a ambos --a García para este jueves-- precisamente para arrojar luz sobre esos "ingresos irregulares y opacos".

Ábalos y Koldo ya han comparecido varias veces ante el Supremo, si bien la última --el pasado junio-- García optó por primera vez por guardar silencio, mientras que el exministro declaró, aunque para negar cualquier conducta delictiva, como ha venido haciendo hasta ahora.

De cara a las declaraciones de esta semana, se esperaba que ocurriera lo mismo pero el cambio en la defensa del exdirigente socialista evidencia también un cambio de estrategia que podría pasar por acogerse a su derecho a no declarar.

Estas comparecencias llegan precedidas de un contexto de nerviosismo por cuanto los indicios reflejados en el último informe de la UCO podrían llevar a las acusaciones y a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que se revisen las medidas cautelares que pesan contra ambos --retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en juzgado-- para endurecerlas, incluso pidiendo la entrada en prisión, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que el Supremo investiga, por un lado, la presunta trama vinculada a los contratos de compraventa de material sanitario en plena pandemia que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa relacionada con Víctor de Aldama; y, por otro, el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública