Leganés advierte de "posibles irregularidades" en un sorteo de viviendas públicas de 2023
- El entonces Gobierno socialista gastó más de 100.000 euros sin realizar ningún concurso público para otorgar los contratos para celebrar este sorteo
El Ayuntamiento de Leganés ha avanzado que un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) advierte de "posibles irregularidades" en los contratos adjudicados para el sorteo de vivienda pública realizado en 2023 por el anterior Ejecutivo local.
En concreto, se refieren al sorteo celebrado el 5 de junio de 2023 en el Pabellón Europa de la localidad, donde se adjudicaron un total de 350 viviendas públicas correspondientes a tres promociones: 134 en venta, en el barrio de Solagua, y 216 en alquiler, en dos promociones en el barrio Puerta de Fuenlabrada.
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Según ha señalado el consistorio en un comunicado, el informe de asesoría jurídica señala que "el anterior Gobierno socialista gastó 102.894 euros a través de 17 contratos menores sin realizar concurso público para adjudicarlos", lo que "podría suponer un fraccionamiento que vulnerara la Ley de Contratos del Sector Público".
"Además, parte de ese gasto se imputó a un contrato de reparaciones de viviendas en alquiler propiedad de la empresa, otra presunta irregularidad, ya que supone una desviación del objeto del servicio", añaden desde el consistorio.
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Este informe se hace público después de que desde el Ejecutivo local, formado por PP y ULEG, mostraran dudas sobre el acceso a una de esas viviendas públicas sorteadas en 2023 por el actual secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, que entonces era líder de las Juventudes Socialistas de Leganés.
"Fui adjudicatario en un proceso público ante notario, legal y transparente, en el que participé como cualquier otro vecino. Cumplí todos los requisitos exigidos y participé en un sorteo con bases reguladas y fiscalización notarial. Nadie me favoreció. Nadie me regaló nada", reiteró el líder del PSOE de Leganés.
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Aunque no pone en duda la legalidad del sorteo, la asesoría jurídica de EMSULE entiende que hubo una serie contratos menores, "tanto los previos como los celebrados para llevar a cabo el sorteo", donde "se ve claramente que existe una unidad funcional, un vínculo operativo entre los diferentes contratos que no permite tratar unitariamente cada uno de ellos".
Entre estos 17 contratos menores se encuentra la compra de moquetas por valor de 32.498 euros; la contratación de bombos por 14.919 euros; sonido por 13.743 euros; publicidad y propaganda por 21.120 euros; alquiler de sillas por 4.277; seguridad y emergencias por 5.341 euros; o un seguro de responsabilidad civil por 1.946 euros.
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"Todos estos trabajos fueron encargados a dedo a distintas empresas, siendo presidentes de EMSULE el exalcalde del PSOE, Santiago Llorente, y del Consejo de Administración de la Empresa el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Márquez", reiteran desde el Ayuntamiento leganense.
Por lo tanto, aseguran que, según detallan los jurídicos de EMSULE, "se podría considerar que se han vulnerado los umbrales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y se ha fraccionado un contrato".
