La Seguridad Social no renovará los alquileres de vecinos del centro de Madrid
- El Sindicato de Inquilinos vincula esta negativa con una "operación de privatización" de edificios situados en zonas céntricas de la capital española.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la solicitud de prórroga de los contratos de arrendamiento de dos años aprobada en el Real Decreto 8/2026 a veintiocho familias residentes en viviendas públicas situadas en barrios como Argüelles, Pacífico, Lavapiés y Ventas.
En la comunicación dirigida los afectados, la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de los inmuebles, argumenta que el contrato original suscrito con la extinta Sociedad Pública del Alquiler en enero de 2012 se encuentra actualmente "extinguido al haberse agotado los plazos previstos en él" tras las prórrogas legales correspondientes.
La Administración central sostiene que el contrato de arrendamiento no está sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, porque aquel vínculo inicial finalizó en enero de 2017.
Consumo insta a 13 tenedores de 100.000 viviendas a prorrogar los contratos de alquiler
"Tácita reconducción"
No obstante, el organismo público explica que la permanencia de los residentes en el inmueble durante los últimos años sin que la propiedad le requiera abandonarlo ha generado una situación jurídica de "tácita reconducción" que está regulada en los artículos 1.566 y 1.581 del Código Civil.
El departamento que dirige la ministra Elma Saiz determina que el "contrato vigente se rige por el Código Civil" y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos que permitiría la aplicación de las medidas de protección social.
La Subdirección General de Gestión del Patrimonio determina en el escrito que "no procede" la prórroga del alquiler solicitada, puesto que el Real Decreto 8/2026 solo afecta a los contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Sumar pide movilización social para salvar la prórroga de alquileres mientras el PP dice que el ayudas se queda corto
"Sorpresa e incredulidad"
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid expresa en un comunicado su "sorpresa e incredulidad" por la denegación de la prórroga del alquiler, al tratarse de una medida aprobada por el Ejecutivo central que no se aplica en las viviendas del Estado.
La organización social, en la que están integrados los afectados, subraya que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para ofrecer explicaciones sobre la venta de las viviendas o su expulsión.
El colectivo vecinal advierte que esta actuación administrativa contraviene la Ley de Vivienda que obliga a todas las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo.
Los propietarios, en pie de guerra contra el decreto del Gobierno que congela los contratos de alquiler
"Operación de privatización"
La entidad vincula esta negativa con una "operación de privatización" de edificios situados en zonas céntricas de la capital española.
Al mismo tiempo, rechaza la política de la Tesorería General de la Seguridad Social de mantener ochocientas viviendas vacías en el conjunto del Estado y pretender desahuciar a familias que llevan veinte años en esos inmuebles.
El sindicato anuncia que las familias iniciarán una batalla legal en la vía contencioso-administrativa para conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de alquiler permanente y asegura que los vecinos no van a abandonar sus hogares.
Asimismo, reclama una negociación colectiva inmediata que ofrezca una solución habitacional digna para todas las personas que han recibido demandas de desahucio.
