El director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, que fue sancionado el 22 de diciembre con 1.000 euros por infringir la Ley contra la LGTBifobia, ha presentado un recurso ante la Comunidad de Madrid con la intención de que "deje sin efecto" la sanción.
En el escrito de alegaciones, que fue presentado ayer en el registro de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, Martínez sostiene que la sanción "infringe gravemente" el ordenamiento jurídico, así como las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de los tratados y convenios internacionales.
El director del colegio, que en una carta enviada a los padres del alumnado cargaba contra el "dogmatismo" de la ley contra la LGTBifobia por "acusar de discriminación a quien piensa diferente", insiste en "la gravedad" de la iniciativa adoptada por la Comunidad de Madrid.
Tras conocerse el 9 de septiembre el contenido de la carta del director, la consejería abrió una investigación reservada, la cual se saldó con una sanción de 1.000 euros al estar contemplado en la citada ley como infracción leve usar "expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad".
"La sanción comporta una violación flagrante de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978", insiste Martínez en sus alegaciones, según ha trasladado la Fundación Educatio Servanda, promotora del centro, en un comunicado.
Además, el director del centro asegura no entender la sanción cuando la Consejería de Educación, tras una "pertinente y meticulosa inspección", no encontró "irregularidad alguna en el centro" y pese a que "la fiscalía haya archivado las actuaciones al considerar que los hechos no eran en modo alguno constitutivos de infracción".
"Siempre hemos defendido las libertades de las personas y, por eso mismo, nos sentimos libres de opinar y de elegir qué educación queremos para nuestros hijos", han afirmado desde la Fundación Educatio Servanda en apoyo del director, a quien respaldan plenamente, ya que éste "ha sido sancionado por pensar distinto".
La Fundación ya aseguró en una carta de apoyo al director del colegio Juan Pablo II que "en absoluto" ha existido "un problema de discriminación de ningún colectivo", sino que, en su opinión, estamos "ante un problema de ataque a la libertad de opinión y de expresión amparadas por la Constitución".
