La Mesa de la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ha ratificado hoy la decisión de citar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el próximo 2 de febrero para informar sobre cuestiones del caso Lezo en su calidad de consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014. La decisión se ha acordado con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE-M, con el acuerdo de Podemos (no tiene voto en la Mesa), y el voto en contra del PP, tras analizar un informe jurídico solicitado por los populares sobre esta comparecencia. Sobre este mismo asunto, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, aseguró que "se ha consumado un intento de linchamiento" a Cifuentes y añadió que la oposición quiere, "sea como sea, su comparecencia" y para ello "ha dado un ejemplo lamentable de lo que no se debe hacer en el Parlamento". El gobierno regional advierte que tendrá consecuencias en su relación.
Al término de la reunión, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, César Zafra, ha explicado que, a la vista del informe jurídico, "no hay ningún problema" para continuar con la comparecencia de presidenta regional el 2 de febrero. Zafra ha destacado la importancia de la próxima sesión de la comisión para hablar del caso Lezo y ha agregado que "cuando llegue el próximo viernes, haremos la comparecencia intentando ser justos, ecuánimes y serios, sin montar espectáculos". Desde su punto de vista, el debate sobre las comparecencias de las personas implicadas en el retraso en la entrega a la oposición de las actas del Canal de Isabel II se tiene que abrir en la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Por su parte, la portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha señalado que el PSOE-M tiene claro que no se va a oponer nunca a la petición de un grupo para que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. No obstante, ha recalcado, la comparecencia de Cifuentes "no va a aclarar nada sobre lo que realmente nos interesa conocer que es por qué se ha estado reteniendo documentación por parte de la Comunidad de Madrid" sobre el caso Lezo, ya que, según el informe jurídico, Cifuentes no va a poder hablar de este asunto el 2 de febrero.
El grupo socialista pedirá a la Mesa Asamblea de Madrid que reconsidere su posición respecto a las comparecencias que no admitió a trámite para hablar sobre la demora en la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II, dado que el informe jurídico deja a "criterios políticos" a qué comisión se deben enviar. "Eso es lo que nos interesa a nosotros, que la señora Cifuentes venga en otra ocasión a hablar sobre este asunto, que ha afectado directamente a los trabajos de esta comisión", ha resaltado Moya.
El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha asegurado que le resulta sorprendente escuchar a la presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, decir que ella tendrá que intervenir para cortar cualquier pregunta que tenga que ver con las actas del Canal de Isabel II, siguiendo el reglamento, y a la vez escuchar al portavoz de Ciudadanos, César Zafra, tratando de hacer ver que se podrá preguntar por este asunto.
Ha instado a Ciudadanos a "dejar de marear la perdiz", ha expresado la preocupación de Podemos porque "esto tiene toda la apariencia de que nos van a dar gato por liebre" y ha pedido garantías a la formación naranja de que "en algún momento" se podrá traer a Cifuentes para responder por las actas y por la pérdida de la carta del juez que investiga el caso Lezo.
Ongil ha preguntado a los madrileños "a quién beneficia que Cifuentes acuda a una sesión de la comisión de corrupción, sin tener que responder a las preguntas más calientes y que salga intacta de esto". Ha agregado que la principal beneficiada de los "vaivenes" que ha tenido Ciudadanos durante esta semana es la presidenta regional.
PP: LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN HAN PASADO 'OLÍMPICAMENTE' DE LOS INFORMES JURÍDICOS
El portavoz del PP en la comisión de corrupción, Alfonso Serrano, ha dicho que los grupos de la oposición han pasado "olímpicamente" de las recomendaciones de los informes jurídicos, algo que le parece "lógico" en el caso de Podemos, aunque esperaba que el PSOE-M y Ciudadanos atendieran a estos informes. Durante la reunión de la Mesa de la comisión, según Serrano, la oposición no ha dado un solo argumento que justifique volver a hablar de Emissao porque haya algún tipo de información nueva y llamar específicamente y solo a Cristina Cifuentes. "Lo que va a ocurrir es un fraude reglamentario, en el que se ha apoyado Ciudadanos al más puro estilo Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento catalán, y lo que va a ocurrir es posiblemente un intento de intimidación política por parte de los grupos parlamentarios", ha aseverado Serrano.
Ha responsabilizado al "tripartito de la oposición" de cometer esta "ignominia". "Prima más tratar de dañar políticamente a Cristina Cifuentes que respetar el reglamento y mantener el rigor en la comisión de corrupción", ha añadido.
EL INFORME JURÍDICO DE LOS LETRADOS
El informe jurídico de la Asamblea de Madrid no entra a valorar si es idóneo que Cifuentes acuda a la comisión de investigación de corrupción política en el Parlamento regional pero sí que aclara que no se le podrá preguntar por temas que no respondan al motivo de la comparecencia, es decir, el retraso de la entrega de las actas de los consejos del Canal.
Sobre la pretensión de volver al tema 'Canal-Latinoamérica-Emissao', cuestión por la que se cita a la presidenta en la petición de Podemos, los firmantes del informe entienden que requeriría "una motivación suficiente que justificara el uso excepcional de la previsión de flexibilidad requerida". Esto lo argumentan en que la comisión decidió cerrar los temas pasados a no ser que "surgieran excepcionalmente circunstancias sobrevenidas que justificaran volver sobre ellos".
En el informe se aclara que "no sería admisible de ninguna manera" la formulación de preguntas a la dirigente autonómica sobre la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la operación Lezo, a la oposición, porque sería ilegal. Esto lo argumentan en que la comisión decidió cerrar los temas pasados a no ser que "surgieran excepcionalmente circunstancias sobrevenidas que justificaran volver sobre ellos".
Asimismo, hacen hincapié en que la presidenta, de acudir a la comisión de corrupción, "no ha de verse sometida a preguntas que excedan el objeto" de la misma. "No sería admisible, de ninguna manera la formulación de las preguntas que se han anunciado porque se exceden del objeto que consta en el requerimiento (requisito legal, integrado en la tutela preventiva)", aclara.
Así, en un documento fechado el 25 de enero y firmado por la secretaria y el letrado, ambos recalcan que los órganos de Gobierno de la comisión --en este caso la Presidencia de la misma-- deberán "garantizar el respeto a las garantías" del compareciente, sin que pueda ser aceptable sortear" dichas garantías "propiciando un escenario de intimidación política". De hecho, añade que no cabrían "preguntas extrañas a la condición del compareciente".
A su vez, recuerdan que para el conocimiento de los casos se acordó que se siguiera un orden "ascendente en cuanto al perfil de jerarquía" de los sucesivos comparecientes en un caso. Por ello, para llamar a Cifuentes, por su posición de vocal en el Consejo de Administración del Canal, creen que sería necesario "una especial motivación que justificara la excepcionalidad", puesto que se apartaría "del criterio de funcionamiento acordado por la comisión".
En este punto, los servicios jurídicos hacen hincapié en que ya en septiembre de este año se hizo "una llamada a la autocontención en la actuación de la comisión", una recomendación que se hace "especialmente visible en este punto, de modo que los trabajos no se vean afectados por una apariencia de fraude".
