El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea objetivo prioritario de las políticas públicas y así quede establecido en la nueva Ley de Empleo que prepara el Gobierno.
Así lo ha propuesto en su documento de aportaciones a la elaboración de una nueva Ley de Empleo, en el trámite de consulta pública previa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, abierta hasta el día 2 de septiembre.
Para el Cermi, el empleo decente es “medio principal de socialización, realización personal, participación en la comunidad y aportación a la sociedad, para cualquier persona”.
En el caso de las personas con discapacidad, el empleo es “fuente determinante de autonomía económica”, y por tanto “base para un proyecto de vida libremente elegido y para la inclusión en la comunidad, sin dependencias impuestas”.
Ante esto, considera comprobada la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad del bien básico del empleo, y lamenta que en ocasiones acceden a él “en posiciones precarias y marginales, con una brecha salarial desatada, y con menos derechos y muy frágiles”.
Todo esto, denuncia el Cermi en su contribución, “se intensifica” en el caso de las mujeres con discapacidad, por lo que necesitan consideración específica reforzada en las políticas de empleo.
Además, esta entidad considera necesario tener “un vigoroso marco de protección de los derechos y contra la discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el empleo para las personas con discapacidad, más reforzado para los grupos de trabajadores con discapacidad de especiales dificultades de inserción”.
“A la par que la lucha contra la exclusión y la discriminación, son precisas potentes políticas públicas de empleo para personas con discapacidad, genéricas y específicas, particularmente intensas”, recalcó en un comunicado.
El Cermi pide dar una relevancia esencial de la iniciativa social en la generación y mantenimiento de empleo decente para las personas con discapacidad. La nueva ley debe reconocer el papel esencial de la empresa social y de soluciones autogestionadas de personas con discapacidad y de sus organizaciones.
A juicio del Cermi, debe conectar el empleo de las personas con discapacidad con las oportunidades de la Nueva Economía, que se caracteriza por ser verde, sostenible, social, digital e inclusiva.
La inclusión laboral ha de estar a su vez alienada con esferas que condicionan y en las que existe interdependencia: la accesibilidad, la educación, el nivel de vida adecuado, etc. No se avanzará en inclusión laboral decente si no se actúa en los ámbitos concomitantes.
Finalmente, el Cermi pide que se favorezcan en la nueva ley las alianzas del movimiento de la discapacidad con los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) para poder participar en el diseño de las políticas y los grandes acuerdos y con todas las instancias económicas que generan empleo (sostenibilidad social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030).
