El ex subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, han defendido este lunes durante su declaración como investigados en el 'caso Bankia' que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que le fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por el auditor y fue suficiente para avalar su salida a bolsa. De hecho, han indicado que extremaron precauciones y fueron más exigentes en este caso. Así lo han señalado fuentes presentes en las declaraciones que ambos han prestado ante al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que se han prolongado durante casi tres horas en las que ni el fiscal del caso Alejandro Luzón ni el abogado del Estado en nombre del FROB han realizado pregunta alguna a los investigados.
Según las mismas fuentes ninguno de los exresponsables ha realizado grandes revelaciones y se han limitado a defender el papel del órgano supervisor de la transparencia en la operación. Así, el subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, ha confirmado "existían provisiones genéricas suficientes en Bankia - alcanzaban los 6.500 millones de euros- y no había ningún defecto de provisiones" y ha citado expresamente el escrito del FROB que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción desde hace dos años en el que se ratifica esta afirmación.
Los dos exresponsables han sido citados como responsables en sus correspondientes entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa después de que el pasado 11 de octubre fueran dados a conocer unos correos en los que el equipo de inspección del Bde advertía reiteradamente "de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se opuso a su citación, que ha venido obligada por la Sala de lo Penal tras el recurso presentado por la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Pese a que esta parte no ha preguntado por estas misivas, tanto Restoy como Segura han negado haber conocido en su día estos correos, al no encontrarse ninguno de ellos en la entidad supervisora financiera.
Sobre su papel en la salida a bolsa, que es la cuestión en la que ha incidido la acusación popular, ambos habrían sido coincidentes en presentar la labor de la CNMV casi como un mero control formal señalando que no es este órgano el que autoriza las salidas a bolsa, limitándose a aprobar el folleto informativo dentro de su labor de supervisor de la transparencia de la operación. La supervisión financiera correspondería, en todo caso, al Banco de España. En este punto, han insistido en que la CNMV carece de competencias de supervision ni capacidad para cuestionar unas cuentas que están auditadas, formuladas y supervisadas por el Banco de España.
Según la acusación popular, no obstante, ninguno de los exresponsbles de la CNMV han sido capaces de explicar el diferente criterio que mantienen respecto a la sanción a la auditora Deloitte impuesto por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Autoridad de Cuentas), una cuestión en la que esta parte se ha interesado debido al hecho de que desde la CNMV se le encargaran determinadas labores de consultoria que según esta parte podrían cuestionar su independencia. Este extremo ha sido negado por ambos acusados.
DESCONOCIAN LOS CORREOS
En relación con los correos de la inspección, Restoy en concreto ha negado que tuviera conocimiento de ellos por el hecho de ser miembro nato del Consejo del Banco de España, ya que dicho tipo de información correspondería en todo caso al Comité Ejecutivo. Ambos comparecientes han insistido en que no tuvieron ninguna información sobre el contenido de estas misivas.
El juez instructor del 'caso Bankia', había rechazado en varias ocasiones citar a los responsables del organismo supervisor y regulador. La primera vez fue el 1 de julio de 2016, cuando la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitó por primera vez de llamar a declarar a los máximos responsables del Banco de España y la CNMV por la operación bursátil.
La última fue el pasado 28 de noviembre, aunque la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por buena la tesis de los recurrentes sobre el hecho de que la jefatura del Banco de España tuvieron "noticias directas y fehacientes" de la inviabilidad del grupo y de la "inidoneidad de su salida a bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias", que se conoció a través de la testifical del inspector del Banco de Espasña José Antonio Casaus, el pasado 5 de septiembre, que el tribunal calificó de "contundente".
A lo largo de la semana comparecerán también en calidad de investigados el exgobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, que lo hará el próximo viernes. Un un día antes, el miércoles, lo harán el exdirector general de Supervisión Mariano Herrera García-Canturri y al exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.
Mañana martes están citados el exdirector adjunto general de Supervisión Pedro Comín, y el exdirector general del Departamento de Inspección IV Pedro González --estos dos últimos junto con García-Canturri dimitieron de sus cargos el pasado 13 de febrero tras conocer la decisión de la Sala para que "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España"--. Y el 16 a la declaración de Fernández Ordóñez se sumará la comparecencia del también y al exgobernador de BdE Francisco Javier Aríztegui Yáñez.
