El expresidente del consejo de administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa.
El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña que lleva el caso ha citado mañana martes a ambos directivos para prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, han informado fuentes del bufete que lo representa.
Los hechos se remontan a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 cuando el querellante supuestamente demuestra que "las cuentas de la sociedad eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario", agregan las mismas fuentes.
"La operativa diseñada permitía dar apariencia de solvencia a un banco -continúan- que estaba en quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes minoristas".
La querella, acompañada de dos informes económicos, relata cómo el Banco Pastor inició la actividad de Promotor Inmobiliario mediante la constitución de sociedades con ese objeto social -precisan las fuentes-, "que realizaron cuantiosas inversiones a crédito del propio Banco Pastor y obtenían pérdidas continuadas de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios otorgados por su propio dueño".
Los abogados del querellante sostienen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance la pérdida generada por el crédito hipotecario fallido mediante la pertinente dotación estaría en "quiebra legal".
Para "ocultar" esta situación, aseguran las fuentes, los querellados "orquestaron todo un artilugio fraudulento" por el que "la captación y contabilización de tesorería obtenida mediante engaño en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado, y contabilizada como financiación propia en sus balances, era dirigida como crédito participativo o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas".
Seguidamente, alegan los letrados, parte de esa tesorería era utilizada para pagar los intereses de los créditos hipotecarios fallidos como si estos se fueran cumpliendo ordenadamente.
De esta forma, sostienen, el banco reingresaba el dinero como beneficio en la cuenta de resultados, y por tanto como recurso propio en su balance, con lo que "contabilizaba dos veces el mismo dinero como financiación propia".
"En conclusión, en vez de créditos hipotecarios fallidos, presentaban el espejismo de ser fantásticos, en vez de tener participaciones en sociedades fallidas, presentaban el espejismo de ser fantásticas inversiones en participaciones sociales", apostillan.
Y mediante una pirámide de captación de dinero en el mercado de los minoristas, concluyen los abogados, "maquillaban su cuenta de resultados mediante unos beneficios derivados del pago de unos intereses que en realidad era parte del dinero captado a clientes desinformados, que además eran idóneamente engañados con la publicación de unas cuentas fraudulentas a los que se les vendían los productos de más riesgo".
Según detalla el bufete que representa al querellante, a pesar de la obligación de presentar las cuentas por parte de estas sociedades en fecha 30 de junio de 2011, no se publicaron en el Registro Mercantil de La Coruña hasta final de 2011, todo ello "con el fin de ser presentadas expresamente" después del anuncio de una Oferta Pública de Acciones (OPA) formulada por Banco Popular.
El accionista demandante acredita que el Banco Pastor está en pérdidas desde el ejercicio 2008, y así lo indican los abogados, que sostienen que "la trama se parecería al juego de los trileros: se capta dinero para 'core capital' de preferentistas y accionistas, se saca disimuladamente del banco y se ingresa en sociedades aparentemente en funcionamiento", con "unos beneficios positivos que son simplemente una alucinación".
Esta "argucia financiera" ha "permitido a los miembros del consejo de administración y a los directivos de la ejecutiva del Banco Pastor cobrar bonus e incentivos no justificados", y "sembrar desconfianza en los mercados profesionales, lo que hizo bajar el valor de las acciones", por lo que la acción Banco Pastor fue devaluada en la opa de 2012, argumenta.
Por todo ello y a tenor tanto del informe pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un "perjuicio" a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.
Fuentes de la entidad han eludido pronunciarse sobre estos hechos.
