El Supremo decidirá el 5 de noviembre sobre el pago del impuesto de las hipotecas

El Supremo decidirá el 5 de noviembre sobre el pago del impuesto de las hipotecas

Hasta el 5 noviembre no se aclarará el pago del impuesto de las hipotecas. El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

Según han confirmado fuentes jurídicas, así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión convocada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión.

Reunión con Lesmes

En su sentencia, dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año, que señalaba a los hipotecados como responsables de dicha tasa.

En un comunicado, Lesmes ha aclarado hoy que la sentencia dictada el pasado 18 de octubre, que hacía recaer en la banca el pago de este impuesto, es "firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio".

Y recuerda que entre sus atribuciones legales figura ocuparse de los "asuntos pendientes y no resueltos" por el Pleno, sin perjuicio de las facultades de éste órgano "para resolver lo que en Derecho proceda".

En todo momento, prosigue Lesmes, los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección "han actuado con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso".

En la reunión con Lesmes han participado el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, y los magistrados Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, Ángel Aguallo Avilés, José Diaz Delgado, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas y Dimitry Berberoff Ayuda

Jueces y fiscales piden dimisiones

Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido este lunes la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, como máximo responsable de la sentencia que la pasada semana dictaminó que correspondía a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

A través de Twitter, JpD exigió "la dimisión inmediata" del presidente de la Sala. Esa misma vía es la que utilizó la organización de fiscales para decir que "la insólita actuación del presidente de la Sala III del TS, la magnitud de sus consecuencias para la seguridad jurídica y el descrédito para la Justicia, exigen su dimisión".

Reclamar el impuesto

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal Supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.

En un comunicado, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Además, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de euros abonados por este concepto.

Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.

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