La okupación ilegal de viviendas es un grave problema que afecta, sobre todo, a grandes ciudades. La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas “okupadas”.
Como consecuencia de la crisis socioeconómica, el número de viviendas okupadas, han crecido de manera considerable, generando múltiples problemas para los propietarios. Paralelamente, las mafias en relación a la "okupación" también han aumentado.
Según el Informe sobre okupación de vivienda vacía elaborado por Obra Social BCN, el 70% de la vivienda “okupada” es propiedad de bancos, el 10% de grandes propietarios y el 5% de pequeños. El 68% de las personas que “okupan” son familias. En el 55% de esos hogares hay menores; en el 3%, personas mayores de 65; y en un 4%, personas en situación de dependencia.
¿Qué dice la ley sobre la “okupación” en España?
El Código penal sanciona la “okupación” de un inmueble abandonado en el Artículo 245.2:
“El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”
En 2018, el Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una "okupación" ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.
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