Representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación han comparecido este martes ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar el "desamparo" de las víctimas por la legislación española y el "desprecio" del Gobierno a sus situaciones.
"Venir a Bruselas para que el gobierno se digne a escuchar a la víctimas de la okupación e inquiocupación es una anomalía democrática y un acto de soberbia", ha señalado el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, a través de un comunicado.
Desde octubre de 2021, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha solicitado mensualmente reuniones con los Ministerios de Vivienda y Justicia "sin recibir una sola respuesta".
Exigen que el Gobierno de España asuma su función de protección social sin derivarla a los ciudadanos. "No se están protegiendo derechos; se está obligando a familias inocentes a pagar el precio de la ineficacia estatal", ha advertido la plataforma.
La Comisión Europea ha reiterado que no tiene competencias para intervenir en los casos de impago de alquiler ni tampoco en la ejecución de desahucios en España, al tratarse de una cuestión de Derecho nacional, aunque ha instado a "buscar un equilibrio" entre propietarios e inquilinos.
"La situación de los propietarios de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembro", ha señalado el Ejecutivo comunitario, que ha precisado que tanto la legislación en materia de arrendamiento como las medidas relacionadas con desahucios o contratos corresponden a las autoridades de cada país de la UE.
No obstante, ha reconocido la situación de los afectados y ha indicado que, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible recientemente presentado, trabajará en la identificación de "modelos y buenas prácticas" para mejorar la protección de los propietarios y equilibrar sus derechos con los de los inquilinos.
DIVISIÓN POLÍTICA
En el turno de los grupos, la eurodiputada 'popular' Dolors Montserrat ha denunciado una vulneración del derecho a la propiedad y ha reclamado medidas que garanticen desalojos "rápidos y eficaces", al tiempo que ha pedido una misión del Parlamento Europeo para evaluar la situación en España.
Por parte del grupo socialista, la eurodiputada Murielle Laurent ha reconocido que se trata de "situaciones reales" que afectan a propietarios, aunque ha advertido de que el problema debe analizarse "con empatía" y en un contexto más amplio de crisis de vivienda, al señalar que una parte de los desahucios está vinculada a situaciones de vulnerabilidad y a la falta de vivienda asequible.
Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha criticado la falta de protección a los propietarios y ha reclamado un endurecimiento de las penas y desalojos inmediatos, al considerar que estas prácticas suponen una usurpación de la propiedad privada.
Tras el debate, la comisión de Peticiones ha acordado mantener abiertas las peticiones y solicitar información adicional a la Comisión Europea, además de remitir una carta al Gobierno de España para recabar más detalles sobre la situación.