Ecologistas y Greenpeace piden la suspensión de la moratoria a Madrid Central

Ecologistas y Greenpeace piden la suspensión de la moratoria a Madrid Central

Ecologistas en Acción y Greenpeace han solicitado a los Juzgados de lo Contencioso de Madrid que adopten medidas cautelarísimas para acordar la suspensión inmediata de la moratoria de multas de Madrid Central impuesta por el Ayuntamiento de Madrid para defender "la calidad del aire y la salud de los madrileños".

Lorena Ruíz Huerta, abogada de Greenpeace, así lo ha defendido ante las cámaras de Telemadrid, donde ha pedido la suspensión inmediata de la eficacia del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 por el que se establece un periodo de aviso en relación con el acceso a la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central.

El recurso se interpone por parte de Ecologistas en Acción y Greenpeace, aunque está abierto a otras entidades. Sin embargo, la plataforma en Defensa de Madrid Central no puede sumarse jurídicamente al no tener entidad jurídica.

La letrada de Greenpeace ha indicado que su argumento se basa en que el Ayuntamiento de Madrid "no tiene un título habilitante" para acordar este acuerdo de Junta de dejar sin efecto la imposición de multas porque el artículo "en el que se basa ya se había aplicado con anterioridad a la entrada en vigor de Madrid Central".

"No tiene ningún motivo legal para imponer este acuerdo de suspensión", ha subrayado, a lo que ha añadido que se trata de una cuestión de aplicar principio de precaución por la urgencia de cambio climático. "Quedan pocos años para frenar el calentamiento de dos grados. No son tiempos para andar con tonterías para suspender este tipo de medidas, que en este caso era muy básica y que se ha acordado en 300 ciudades europeas", ha reseñado.

El recurso se basa en "la lesión de los intereses generales urbanísticos y territoriales" que se produciría de ejecutarse de forma inmediata el citado acuerdo", alegando como motivos "la importancia de la calidad del aire y la situación de la ciudad de Madrid".

"En definitiva, el daño ambiental, especialmente si es grave, irreparable o si es evitable por existir alternativas menos gravosas, debe ser evitado; y es en el incidente de medidas cautelares donde ese principio de prevención tiene su reflejo procesal", concluye.