La Audiencia Nacional envía a Alaya la denuncia por la financiación de UGT

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la juez encargada del caso de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.

El magistrado ha seguido el criterio del Ministerio Público que le ha solicitado en un escrito presentado este miércoles que se inhiba a favor de la magistrada, ya que el Juzgado número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investiga al sindicato.

La denuncia presentada por Manos Limpias apuntaba que el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato recibió más de 48 millones de euros en el año 2012 y defendía la existencia e un "entramado societario opaco" entre UGT, IFES y dos filiales de este instituto.

El sindicato, propietario al cien por cien de IFES, "se queda con un 15 por ciento de las subvenciones de cursos" y "disfraza como coste asociado unas comisiones que ascendieron el pasado año a nueve millones de euros", indicaba Manos Limpias.

Los querellantes acusan a Méndez y el tesorero de UGT de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. El entramado de empresas tiene representación en las provincias de Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia, Navarra y Murcia.

La denuncia se dirige contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el tesorero del sindicato, Antonio Retamino. Manos Limpias les atribuye delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ASIGNA 3,6 MILLONES DE EUROS A UGT ANDALUCÍA PARA PROGRAMAS DE INSERCCIÓN LABORAL

Todo ello el mismo día que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha asignado 3,6 millones de euros al sindicato UGT para programas de orientación laboral en el marco del programa Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, lo que supone un 23 por ciento menos que en la última edición del programa en el año 2011. Así lo ha anunciado este miércoles en Sevilla el director general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), José Antonio Amate, que ha negado en rueda de prensa que exista un procedimiento específico de concurrencia competitiva "creado 'ad hoc' para beneficiar a UGT, CCOO u otras entidades" que hayan presentado solicitudes en más de una provincia.

Amate ha detallado que la dotación total del programa Andalucía Orienta para 2013 asciende a 40 millones de euros, de los que 16 se destinan a entidades multiprovinciales --que han presentado solicitudes en más de dos provincias-- y los 24 millones restantes para proyectos uniprovinciales.

El sindicato UGT-A ha presentado solicitudes en todas las provincias andaluzas.

Todo ello pese a que la Junta de Andalucía esté reclamando cantidades de dinero que "presuntamente han sido mal utilizadas" por UGT, concedidas para la formación de desempleados.

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no conceda más ayudas" al sindicato UGT-A, incluidas las del Programa de Orientación e Inserción en el marco del programa Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, hasta que no se averigüe si las ayudas que están siendo investigadas fueron usadas para lo que estaba previsto. Ruiz Sillero ha advertido de que "no es ético" y, además, se encuentra en fraude de ley concederle al sindicato ayudas cuando tiene que devolver 1,8 millones y más teniendo en cuenta que "el fraude puede ser mayor", según la Ley General de Subvenciones, a nivel nacional, y la Ley de Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía.

CHAVES PIDE ACLARACIONES Y CESES

El expresidente andaluz Manuel Chaves aconsejaba a UGT "aclarar absolutamente todo" lo relativo a los fondos de formación utilizados inadecuadamente y cambiar su dirección andaluza para tratar de recuperar así "el prestigio perdido" por este asunto. Chaves sostenía que el sindicato "tiene que aclarar absolutamente todo para recuperar el prestigio que ha perdido", además de depurar las responsabilidades pertinentes e introducir los "cambios necesarios" en la dirección del sindicato en la Andalucía.

Todo ello, pese a que Chaves también considera que este asunto forma parte de "toda una campaña" y "una estrategia de desarme sindical" para debilitar a los sindicatos como instrumentos de defensa de los trabajadores, calificándolos de gratuitos e innecesarios.